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lunes, junio 24, 2024

Antonio Ruiz defiende en el Consejo de Alcaldes que la institución recibiría 3 millones si cede el remanente

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha defendido ante el Consejo de Alcaldes el Real Decreto Ley que concede ayudas financieras extraordinarias a los Ayuntamientos a cambio de que estos cedan sus remanentes al Gobierno central. Una medida contra la que se han manifestado reiteradamente los alcaldes del PP, algunos de los cuales ya han avisado que no los cederán.

Antonio Ruiz ha explicado en su intervención que «el crédito que se extrae es extraordinario, ya que se percibirá en dos años el equivalente al 35% de la cuantía transferida al Tesoro Público, un rendimiento que pocos productos bancarios ofrecen y que se podrá destinar a cuestiones que redundarán en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas». El remanente que la Diputación pondría a disposición del Estado sería de unos 8 millones de euros -no precisó la cifra por no estar aún cerrada- y, gracias a ello, ha añadido Ruiz, en el caso de la Diputación se recibirían en torno a tres millones de euros, con los que «podríamos acometer planes y estrategias de acción local, de movilidad sostenible y de cultura, entre otras».

En su exposición, Ruiz ha reiterado a los alcaldes y alcaldesas que la opción de ceder los remanentes es voluntaria y, por ello, «debemos mostrar el máximo respeto a la toma de decisión de cada uno, puesto que compete a ellos la decisión que estimen más conveniente para los intereses de sus ayuntamientos».

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Dicho esto, el presidente de la institución provincial ha destacado que, por primera vez desde el año 2012, «se ofrece a las administraciones locales la posibilidad de elegir qué hacer con los remanentes de tesorería que hasta el momento se encuentran intervenidos, ofreciéndonos una nueva vía de acción».

También se ha referido a la prórroga del destino del superávit del ejercicio 2019 a inversiones financieramente sostenibles, un punto que no afecta a la Diputación, ya que en ese ejercicio no hubo superávit.

Si la Diputación acepta participar en las medidas del real decreto, el presidente debe poner de manifiesto su compromiso antes del 15 de septiembre, y este debe quedar vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Para Ruiz, «este compromiso supondría un ahorro en comisiones de mantenimiento a los bancos de 13.312,2 euros y un acceso a nuestro remanente, una cifra cercana a los 8 millones de euros». Un préstamo que se amortizará por el Estado en un plazo máximo de 15 años a partir del 2022, a elegir la devolución en 8 y en 13 años, variando el tipo de interés dependiendo de la modalidad elegida», ha destacado Ruiz.

Las diputaciones quedan también obligadas a prestar apoyo financiero a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños y a los que se encuentran en peor situación. «Los ayuntamientos somos parte del Estado, y de esta manera no solo tenemos ventajas financieras sino que contribuimos dentro del estado a luchar contra la pandemia y sus efectos», ha defendido Ruiz.

La oposición, por su parte, ha pedido la retirada del decreto «y que se modifique totalmente en la línea de apoyar la financiación de los ayuntamientos y no utilizar sus recursos«. Así lo ha manifestado el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, que es el portavoz del PP en el Consejo de Alcaldes, quien ha calificado el discurso del presidente como «bastante oportunista». 

Madrid ha recordado que con el decreto del Gobierno «el Partido Socialista se ha quedado totalmente solo e incluso hay muchos alcaldes socialistas que ya han manifestado y han anunciado que no van a ceder sus remanentes». El PP considera que este decreto es «nefasto para el municipalismo y un chantaje en toda regla, si me das, te doy, por lo que a la vez es tremendamente insolidario con las entidades locales que no tienen remanente, y además, es intervencionista«.

Tras las críticas recibidas por parte de IU, que recordó que el decreto lo implantó el ministro Montoro, el PP defendió que esa normativa «tuvo su sentido cuando, ante una gran crisis económica, se tuvieron que implantar medidas que frenaran el gasto descontrolado que tenían los ayuntamientos» y que precisamente es la que ha posibilitado «que los ayuntamientos tengamos ahora ahorros». Bartolomé Madrid afirmó en este sentido que «ahora es el momento de cambiar esa normativa, para que las entidades locales, dentro de su autonomía,los puedan invertir en aquello que consideren más necesario en cada territorio». 

Para los alcaldes del Partido Popular, «esos 8 millones (que propone ceder el equipo de gobierno al Estado)  van a ser muy necesarios para los municipios de la provincia en el 2021, y en lo que debería de estar este gobierno es en resolver esos grandes problemas que nos van a aparecer a los ayuntamientos, no solamente en la gran crisis sanitaria, sino también en la enorme crisis económica que se nos viene encima».

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Erika Ruiz, que tiene voz pero no voto en el consejo, ha señalado queel citado decreto del superávit «no nos ayuda a salir del problema de despoblamiento que sufre la provincia de Córdoba, es más, nos lleva más a la sombra y penumbra». Ha explicado al resto de participantes que «deberían cambiar el decreto y dar marcha atrás para que los ayuntamientos sean libres de gastar los remanentes en sus proyectos y en lo que estimen más conveniente para los municipios, que, por desgracia, tienen muchas necesidades».

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