Mañana, miércoles, 12 de mayo, representantes y portavoces de la Coordinadora Andaluza en
Defensa del Sistema Público de Pensiones y pensionistas de la Plataforma de Sevilla se
personarán en la sede del Parlamento Andaluz, en apoyo a la concentración que ante el
Congreso de los Diputados van a realizar los portavoces de la Coordinadora Estatal y
representantes del colectivo de pensionistas de Madrid. A continuación, en la capital del Estado, se celebrará una mesa redonda, a las 12:30, en la que participarán siete partidos con
representación parlamentaria para exigir una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social e
informar, por parte del colectivo pensionista, de la campaña de recogida de firmas llevada a
cabo en Change.org y de forma presencial en distintos puntos de la geografía española.
Desde hace meses las distintas coordinadoras y plataformas, a nivel local, autonómico y estatal vienen realizando una campaña de concienciación ciudadana y de exigencia ante las autoridades correspondientes a fin de que se realice una auditoría, que ponga en claro cuánto dinero hay en la llamada “hucha” de las pensiones y cuánto se ha expoliado de este fondo para atender las necesidades del Estado de Bienestar. Se trata, por tanto, de los gastos impropios a los que el Pacto de Toledo se ha referido en los Acuerdos de la sesión celebrada el día 27 de octubre de 2020, después de que su Comisión no los tuviese en cuenta, con un pasivo comportamiento político, reforzado por un sospechoso silencio durante años, facilitando así que el citado fondo fuera disminuyendo en unos 18.000 millones de euros por año, con el fin de pagar los salarios del personal de la Seguridad Social, y préstamos de 25.000 millones endosados a la Seguridad Social (10.000 millones, en 2017 y 15.000 millones, en 2018). En 2019 y 2020 continuaron las concesiones de créditos por parte del Estado a una Caja esquilmada por los gastos impropios.
Otros gastos impropios que la Comisión del Pacto de Toledo especifica son: “las reducciones en cotización”, que no deben financiarse con cargo a los “recursos propios de la Seguridad Social”; la ayuda a sectores productivos, mediante la “anticipación de la edad de jubilación en
determinadas actividades”; la bonificación en la cotización de “algunos regímenes o sistemas
especiales”, como, por ejemplo, las actividades que desarrollan los jóvenes en formación;
protección familiar, conciliación en la vida personal, familiar, laboral; protección en el
nacimiento y cuidado del menor y familiares, huérfanos, etc. Todas estas cargas que se vienen asignando al Régimen Especial de Pensiones, demuestran la falta de medidas por parte de los Gobiernos y de recomendaciones del Pacto de Toledo para acabar con una sangría financiera, que de haber tenido otro comportamiento económico y político, habría permitido con creces el sostenimiento de las pensiones. Un halo de mentiras ha querido demostrar lo contrario, mientras los gastos impropios desangraban la Caja de las pensiones, mantenida con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras de este país.
En la citada recomendación del Pacto, la Comisión hacía ver al Gobierno central y al Parlamento
que las cotizaciones seguían sufragando gastos de “naturaleza no contributiva, en sentido
estricto”, que debían ser “asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos
de la Seguridad Social”. Recomendaba, además, que se debía realizar un estudio sobre las
contribuciones que se hicieron desde la Seguridad Social para atender y sostener otras políticas del Estado ajenas al Sistema Público de Pensiones.
En este contexto, las distintas coordinadoras, mareas y plataformas locales, adheridas a
COESPE, se han dirigido a los Plenos municipales de sus respectivas localidades, para que sus grupos políticos eleven conjuntamente o por separado una MOCIÓN al Gobierno, en la que, entre otras peticiones, se reclame la auditoría de la Seguridad Social, ya que las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras se han venido utilizando para otros usos diferentes al pago de las pensiones contributivas, que el Tribunal de Cuentas eleva
a la cantidad de 103.690 millones de euros( Informe de 28 de julio de 2020); y también
que las pensiones no contributivas y otros gastos impropios debería haberse asumidos
por el Estado mediante aportaciones (no préstamos) al presupuesto de la Seguridad
Social, con lo que habría habido suficiente dinero para sostener el Sistema Público de
Pensiones. La Coordinadora Andaluza y las distintas mareas y plataformas adheridas a la COESPE no darán un paso atrás en lo que por derecho corresponde a las personas trabajadoras, a fin de asegurar el presente y futuro de las pensiones públicas. No podemos aceptar las muy insuficientes pensiones mínimas. Aspiramos a la revalorización de estas pensiones a los 1080€ (Carta Social Europea),si queremos que las familias actualmente en situación de precariedad o pobreza puedan llevar una vida digna. Diez millones de personas
pertenecientes a esas familias se encuentran en situación de exclusión y riesgo de
pobreza y cuatro millones de pensiones mínimas están por debajo del SMI. En este
contexto, Andalucía presenta una precariedad superior al resto de España. Si se quiere
cambiar tan desfavorable situación es fundamental que el Estado revierta a la Caja de la
h Seguridad Social lo que se le debe, facilitando así otras políticas sociales y de pensiones
que mejoren la vida de las personas. Coordinadora andaluza en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
