La Junta avanza en el Decreto que regulariza la libre elección de centro escolar

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha explicado en el Parlamento que el objetivo del nuevo Decreto que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato es avanzar en el derecho de libertad de elección de centros por parte de las familias e introducir ciertas mejoras en el procedimiento que lo hagan aún más transparente, además de avanzar en la conciliación familiar.

Javier Imbroda ha recalcado que se trata de un borrador que se está actualmente debatiendo con la comunidad educativa, y por lo tanto, está sujeto a posibles cambios. En este sentido, el consejero ha hecho hincapié en que es “un debate sincero y real y fruto del cual el texto final saldrá mejorado y enriquecido con las distintas visiones y aportaciones”.

Igualmente, Imbroda ha subrayado que el marco normativo que se está debatiendo “no busca ni el inmovilismo ni una revolución”, sino que pretende una mejora en la norma existente en la medida que resuelve problemas y cuestiones que no habían quedado resueltas anteriormente”.

Durante su intervención, el consejero se ha centrado en explicar las principales novedades del borrador que se encuentran en los criterios de admisión que se aplican cuando no haya plazas suficientes en los centros para atender todas las solicitudes de ingreso. Estos nuevos criterios pretenden considerar aquellas situaciones de las familias que tienen una mayor in r incidencia en la elección del centro docente que desean para sus hijos e hijas.

Novedades en los criterios de admisión

Así, una de las medidas planteadas favorece la escolarización de los hermanos en el mismo centro por la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar, tanto mediante un aumento de la puntuación en el baremo como mediante otras medidas para facilitar el reagrupamiento de hermanos.

Otra medida encaminada a avanzar en la transparencia del proceso es el mantenimiento de las listas de espera hasta el inicio efectivo de las clases en la etapa educativa correspondiente. De esta forma, nadie podría acceder a una plaza por el procedimiento de escolarización extraordinario antes que quienes, en el procedimiento ordinario, estuvieran en lista de espera, en función del baremo.

Con respecto a las áreas de influencia, el consejero ha informado de que se mantienen pero su aprobación pasa a ser competencia de la Dirección General, en lugar de las Delegaciones Territoriales, con el objetivo de que haya una unificación de criterios a la hora de su diseño.

Además, Imbroda ha avanzado que en los municipios o ámbitos territoriales donde haya centros públicos y privados concertados, las áreas de influencia de cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad en, al menos, un centro de cada tipo. “Esta modificación es para avanzar hacia la libertad de elección de las familias en las zonas en las que, por los motivos que sea, existe una concentración de un determinado tipo de centro”, ha dicho.

Otro de los aspectos que el consejero ha resaltado del borrador de la norma es facilitar el que se puedan compatibilizar los estudios de régimen general con otras enseñanzas, como las regladas de música y danza, o con la práctica deportiva.

También se incluyen medidas para atender la escolarización del alumnado prematuro extremo, así como del alumnado en supuestos excepcionales por enfermedad grave, quienes tendrán prioridad bien en el centro más próximo a su domicilio o en el centro más próximo al centro sanitario donde esté recibiendo tratamiento.

Otras modificaciones que el consejero ha definido de “calado” tienen que ver con la mayor gradación y mayor peso que tiene la renta de la unidad familiar en el baremo. Se dan más puntos a las familias con menores ingresos, y aumentan los tramos de renta que obtienen puntuación.

Del mismo modo, se incluyen más supuestos de familias a los que se otorgan puntos en el baremo, destacando el apoyo a la familia numerosa, sobre todo a la familia numerosa especial y a la familia monoparental. Asimismo, aumenta tanto la puntuación como los supuestos de discapacidad del alumno, de sus tutores o de sus hermanos, y se incluyen las familias víctimas del terrorismo.

El diputado socialista Juan Pablo Durán ha destacado que en Andalucía “ha habido y hay libertad de elección de cualquier centro educativo”, y que de lo que trata la orden “es de ordenar cuando haya más demanda de la que se puede admitir en un centro”, y ha pedido “especial atención” a los alumnos con necesidades especiales.

Adelante: “La libertad de elección de centro genera segregación”

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha criticado que la libertad de elección de centros “es una demanda tradicional de la patronal y no de las familias” y ha añadido que “donde es ha puesto en marcha, como en Madrid o Valencia, se ha demostrado que genera segregación educativa no calidad educativa”, y en cuanto a la ratio, ha propuesto que en lugar de “cerrar” unidades en la pública “se modifique el número máximo de alumnos”.

Desde Vox, Francisco Serrano ha destacado que “hay que garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de los hijos y la libertad de elección del centro, sea público o concertado”, y ha defendido que a los niños “se les aporten nuevas cargas educativas en materia de lengua, matemáticas o inglés”, porque “hay que quitarles de actividades complementarias que tienden a su adoctrinamiento”.

Miguel Ángel Ruiz del PP-A, que ha comenzado su intervención apoyando a los estudiantes catalanes que “quieren ejercer su derecho de ir a clase y se lo están impidiendo los independentistas”, ha abogado por “garantizar” la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos y que “nadie se quede fuera del modelo que elija”, mientras que María del Mar Sánchez de Ciudadanos ha destacado que la Consejería “se responsabilizad de asegurar en el acceso la mayor transparencia y eficacia posible”.

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