La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo una campaña de inspección para comprobar que las mascarillas higiénicas y de tipo EPI (FFP1, FFP2 y FFP3) que se comercializan en los establecimientos andaluces cumplen con la normativa aplicable a las mismas. Los controles están siendo desarrollados por el personal inspector de consumo en todas las provincias andaluzas, que revisarán el material a la venta en 130 establecimientos en los que se comercialicen este tipo de productos.
En concreto, el personal inspector de consumo está acudiendo a establecimientos relacionados con la salud (farmacias, parafarmacias, ortopedias, ópticas, centros médicos, etc.); con la belleza (centros estéticos, de depilación, peluquerías, etc.); con los equipos de protección, como las tiendas de bricolaje; así como otro tipo de establecimientos, como medianas y grandes superficies, tiendas multiservicio o de precio reducido.
La campaña contempla realizar controles de etiquetado para comprobar que los productos cumplen con la normativa vigente. Asimismo, se prevé ampliar las actuaciones con la toma de muestras para su envío a laboratorio, donde se llevarían a cabo los análisis y pruebas necesarias para comprobar su seguridad. Con estas actuaciones, desde Consumo se busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder de forma informada a este tipo de mascarillas orientadas a evitar el contagio del Covid-19.
Estos productos han sido declarados de uso obligatorio para mayores de 6 años siempre que no sea posible mantener la suficiente distancia interpersonal, lo que ha provocado un aumento exponencial de la demanda. En este contexto, y para que se puedan diferenciar los productos adecuados de los que no lo son, es indispensable que la información del etiquetado e instrucciones de las mascarillas a la venta sea eficaz, veraz y suficiente. Asimismo, desde Consumo se busca evitar el fraude en los productos comercializados bajo la declaración de una categoría (y, por tanto, calidad) diferente a la que poseen realmente, y que puede inducir a la compra en base a una información manipulada.
En el caso de que el personal inspector de Consumo detecte alguna irregularidad en el etiquetado de las mascarillas inspeccionadas, se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador. Si las irregularidades afectan a la seguridad de los productos, se inmoviliza la mercancía, se valora el riesgo, y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.
Información obligatoria
A la hora de adquirir una mascarilla, tanto higiénica como tipo EPI, se debe comprobar que la etiqueta está en español, que incluye la denominación del producto y permite identificar claramente a la empresa responsable del mismo, así como que indica el lote, número de referencia o algún otro elemento que permita su localización y trazabilidad en caso necesario.
Asimismo, se debe indicar la composición del producto y sus características, como la talla, el periodo recomendado de uso o la indicación de si es un producto reutilizable, en cuyo caso se indicarán el número máximo de lavados y el método adecuado para su higienización. Además, se deben incluir instrucciones para la correcta colocación, uso y mantenimiento, manipulación y eliminación de las mascarillas.
En el caso de las mascarillas higiénicas, se debe incluir la advertencia: «Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario». En cuanto a las mascarillas de tipo EPI, deben incluir el marcado CE, colocado de forma visible, legible e indeleble o bien disponer de una autorización temporal de una autoridad de vigilancia del mercado para su comercialización.
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook.
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.Oficina de Comunicación de la Junta de Andalucía
