El Consejo de Gobierno ha aprobado una disposición final al Decreto ley de creación del bono turístico andaluz, del pasado 29 de septiembre, por la que se aumenta la subvención del bono hasta el 50% de la factura del servicio turístico de alojamiento en los casos de personas que, por su nivel de renta, no hayan tenido obligación de declarar en el ejercicio fiscal del año 2019 o que acrediten, en el caso de los andaluces con residencia fiscal en el extranjero, ingresos inferiores a los 22.000 euros.
También se beneficiarán del 50% de bonificación aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o resolución de reconocimiento de incapacidad en situaciones equiparables, en el caso de incapacidad temporal asimilada a la incapacidad permanente del 33%. En ambos casos, el límite máximo de subvención será de 300 euros.
Se trata de darle “mayor alcance social” a esta iniciativa al ampliar el número de posibles beneficiarios, según ha puesto de relieve el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha destacado que en el recién concluido ‘puente’ del Pilar ya se ha podido utilizar el bono y ha tenido “una magnífica acogida en hoteles y alojamientos turísticos”.
Además, desde la Junta han defendido que la modificación realizada en el bono turístico “refuerza la universalidad de la medida”, de modo que las personas con menos recursos puedan también beneficiarse de este bono “en una mayor proporción”.
Asimismo, “reafirma el objetivo de la accesibilidad en cualquier acción turística en Andalucía, con especial atención al colectivo de personas con alguna discapacidad”.
El Gobierno andaluz ha expresado su “firme compromiso de mantener negocios y puestos de trabajo del sector turístico ante las graves consecuencias que la pandemia del Covid-19 ha provocado”, lo que, según sostiene, hace “imprescindible articular estrategias y mecanismos para el impulso de la actividad del sector como el bono turístico”.
Este mecanismo se perfila, según continúa la Junta, “no sólo como un instrumento ágil y eficaz en la reducción de los costes derivados de las pernoctaciones, sino que conlleva, además, un incentivo al consumo y a la realización de un mayor número de viajes de los andaluces dentro de la comunidad, y, por tanto, supone un impulso a la reactivación económica del sector, cuya situación recomienda acudir a la legislación de urgencia y a este decreto ley”.