CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, subraya en un comunicado que un 65,1% del profesorado de la capital y la provincia dice haberse visto afectado a lo largo de su trayectoria profesional por algún tipo de agresión física o verbal, según un estudio sobre convivencia escolar realizado por el sindicato. Esto quiere decir que dos de cada tres docentes declaran haber sufrido algún episodio de este tipo a lo largo de su carrera, según recalca la responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García.
Dicho estudio señala además que un parte considerable del profesorado cordobés considera que la conflictividad está presente en los centros educativos de forma bastante asidua. El 46,9% sostiene que dicha violencia de baja intensidad les afecta a diario y un 28,7% dice que se produce ocasionalmente, frente a un 24,2% que dice verse afectado de forma excepcional.
ocasionalmente, frente a un 24,2% que dice verse afectado de forma excepcional.
Elena García se ha mostrado convencida de que “la forma de reconocer la importancia del profesorado en el sistema educativo es otorgarle la condición de autoridad pública en el ejercicio de su actividad profesional a través de una Ley” y apunta que, según el citado sondeo, el 91,1% de los docentes cordobeses de Secundaria cree que es positivo dicho reconocimiento. Asimismo, el profesorado de Primaria tiene una valoración positiva sobre el reconocimiento como autoridad pública de los profesionales de la enseñanza en algo más de un 75%.
Para la responsable sindical, la futura Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que actualmente se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía, “no debe ser un fin en sí misma, sino un medio que propicie la adopción efectiva de medidas dirigidas a mejorar la convivencia, reducir la conflictividad y dignificar la labor docente”. Entre otros asuntos, Elena García propone que se dé carácter decisorio a los claustros, protección integral a los docentes, con asistencia jurídica y psicológica en casos de agresión, así como la defensa y protección de la imagen del personal docente en los medios de comunicación
