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jueves, diciembre 8, 2022

El PP defenderá en el Pleno una propuesta para que el «Gobierno de España facilite la doble contratación eléctrica»

La concejala del PP en la corporación municipal, Tatiana Pozo, explicaba en rueda de prensa la moción que el grupo municipal defenderá en el Pleno del próximo lunes 28 de diciembre, una propuesta para que el “Gobierno de España cumpla con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021 y facilite la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, como medida fundamental de apoyo a los agricultores andaluces en el contexto actual de incrementos desorbitados de sus costes de producción y, en concreto, de los costes energéticos y de la factura eléctrica”.

La concejala, Tatiana Pozo, explicó en rueda de prensa que «más de 2.000 Comunidades de Regantes se esfuerzan en garantizar la gestión sostenible del agua, para la creación de empleo y riqueza”. Mientras que el Gobierno de España «que ha creado a la Ley Agroalimentaria, no la está cumpliendo». Matizó que la doble tarifa eléctrica es una obligación legal para el Gobierno de España, no sólo porque así lo haya establecido la Ley de 2021, sino porque también está establecido en otras leyes estatales desde 2018 y es una de las medidas que mayor repercusión tendrían para reducir los elevados costes de producción a los que están haciendo frente los agricultores andaluces. Criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, » sólo contacta con el campo andaluz cuando viene de vacaciones a Doñana».

El cuerpo de la moción recoge que al regadío se le dedica el 31,8% de la superficie cultivada, un regadío en la provincia de Córdoba que ocupa 1.123.547 hectáreas, lo que supone el 12,8% de la superficie geográfica andaluza y en la provincia de Córdoba el regadío ocupa 120.814 hectáreas.
El regadío de Andalucía genera el 64% de la producción de la rama agraria, 6.657 millones de euros; el 63,3% del total del empleo generado por la actividad agraria, más de 180.000 empleos y el 67% de la renta agraria, 5.632 millones de euros. Su establecimiento potenciaría la generación de riqueza y empleo en las comarcas eminentemente agrarias que dependen de actividades económicas estacionales como la agricultura.

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