IU solicita una auditoría de contratostras concluir Fiscalía que hubo ilegalidades por parte del anterior gobierno local.
Fiscalía confirma en sus diligencias las ilegalidades administrativas que señalaban los informes jurídicos y económicos del Ayuntamiento, aunque no aprecie indicios de prevaricación.
Esto ocurre porque la Fiscalía se ha limitado a consultar a las personas que informaron de estas ilegalidades si tuvieron constancia de que con las mismas se intentara beneficiar a alguien a la hora de adjudicar contratos, algo que no corresponde investigar a estas personas sino a la propia Fiscalía, que se basa en la no constancia de ese trato de favor para archivar la denuncia.
Lo que no ha investigado Fiscalía han sido hechos objetivos, como que algunos de estos contratos ilegales se adjudicaban reiteradamente a la misma empresa, y que la única ocasión en que se adjudican a una empresa diferente, esta pertenece al mismo propietario de la anterior, que crea la nueva empresa apenas unas semanas antes.
En cualquier caso, Fiscalía sigue hablando de ilegalidades administrativas, señalando que cabría denunciarlas al Tribunal de Cuentas.
Confirmadas esta ilegalidades, lo que pedimos desde IU al equipo de gobierno es cumplir con el compromiso electoral de auditar los contratos menores del Ayuntamiento de los últimos cinco años, para saber hasta qué punto estos contratos ilegales eran habituales y, si es así, llevarlos ante el Tribunal de Cuentas como señala Fiscalía.
De esta manera, IU cumple con su obligación de exigir transparencia y de fiscalizar al gobierno local, gobierne quien gobierne.
El no acuerdo de gobierno con el PSOE, lo único que importa a Morales y a su heredero designado tras perder las elecciones, no está basado solo en la desconfianza que nos provocan estas ilegalidades, sino en el bagaje político de quienes hace nueve meses gobernaban pactando políticas de derecha con la derecha, y menospreciando a la izquierda de la que solo se acuerdan cuando pierden el gobierno.
Aún hay mucha falta de transparencia respecto a las ilegalidades que confirma fiscalía, cuyo alcance y gravedad debe despejar la auditoría que solicitamos.
