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lunes, junio 24, 2024

El CSIF lanza una campaña denunciando la «insoportable lentitud» de la Junta en la integración de las agencias sanitarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una campaña para denunciar la «insoportable lentitud» de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el proceso de integración de las agencias sanitarias públicas, una situación que, a juicio de la entidad, «somete a los más de 800 profesionales que trabajan en ellas en la provincia de Córdoba a una incertidumbre y sensación de desamparo totalmente innecesarios».

Para denunciar esta situación, CSIF ha lanzado una campaña con el objetivo de poner de manifiesto “la preocupación y frustración de los trabajadores y trabajadoras ante esta demora injustificada» que afecta, en la provincia de Córdoba, a los hospitales de Montilla, Puente Genil y Valle del Guadiato, este último ubicado en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, ha criticado que «no se producen avances en este proceso desde mediados de 2022, cuando tuvieron lugar varias mesas técnicas para dar forma al proyecto de orden de estatutarización del personal de las agencias».

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La representante sindical denunció que “los plazos previstos se han visto incumplidos reiteradamente, lo que ha llevado a un caos administrativo provocado tanto por la falta de un mapa sanitario debidamente definido, como por la indefinición en la estructura jerárquica”.

Además, CSIF aún está a la espera de recibir un documento de aclaración de dudas sobre la estatutarización, cuyo compromiso de elaboración arrancó a la Administración, así como del informe individualizado de las condiciones, tanto laborales como económicas en las que los profesionales quedarían. Ambos documentos recogerían una información esencial.

CSIF reclama la “integración ya” de las agencias públicas sanitarias en el SAS y que ésta se produzca «de la mejor manera posible para los intereses del conjunto de los profesionales» y siempre «con seguridad jurídica para que los derechos de todo el personal de la sanidad queden garantizados».


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