os que han trabajado de manera rápida y eficaz en un tema muy serio, dada la complejidad del estudio, valorando al mismo tiempo la importancia del mismo, ya que este informe, entendido a modo de auditoría e inventario de las instalaciones municipales, “nos da la posibilidad de tener datos para haEl concejal delegado de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Puente Genil, Rafael Morales, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan de actuación destinado a regularizar la situación legal de los 52 edificios municipales en materia de seguridad y prevención de riesgos, tras constatarse mediante una auditoría técnica que no cuentan con las certificaciones exigidas por ley.
Durante su comparecencia ante la prensa, Morales explicó que, desde su llegada al Gobierno municipal, detectaron “indicios claros” de que los edificios no cumplían con los requisitos técnicos establecidos, pero que no existía ninguna estructura organizativa que centralizara esta tarea ni permitiera acceder a datos concluyentes. “No estaba asignada a ningún departamento y no había forma de obtener información precisa”, aseguró.
Ante esta situación, y con una plantilla municipal –con tan solo dos oficiales de alumbrado para una población de 30.000 habitantes– el Ayuntamiento decidió canalizar esta labor a través de la empresa pública Egemasa, “por ser la vía más rápida y eficaz” para hacer frente a una cuestión “de extraordinaria gravedad”. “Estamos hablando de algo tan serio como conducir un coche sin haber pasado la ITV”, señaló el edil, subrayando que, en caso de accidente o inspección, toda la responsabilidad recaería sobre el Ayuntamiento.
Morales confesó que el año 2024 fue un “auténtico calvario”, marcado por la falta de medios y por la presión de tener que asumir riesgos mientras se organizaban los recursos técnicos y humanos necesarios. “Las opciones eran clausurar todos los edificios o asumir la responsabilidad y actuar. Elegimos lo segundo, porque era lo más sensato y realista”, dijo.
Con la auditoría ya finalizada en 2025, el Ayuntamiento cuenta por primera vez con un diagnóstico preciso de la situación que le permitirá ejecutar un plan de acciones correctivas con el objetivo de que, en el plazo de un año, todos los inmuebles de titularidad municipal cumplan con los requisitos legales establecidos.
“Ahora sí podemos dormir más tranquilos, porque ante cualquier inspección o incidente podemos demostrar que no es fruto de una mala gestión, de incompetencia o de dejadez, como ha ocurrido durante los 12 años de gobierno anterior”, concluyó el responsable municipal.cer una planificación de actividades correctivas de todas esos problemas que hasta ese momento no se conocían”. “Esto nos da tranquilidad, porque si hay un problema podremos actuar, y ya no se va a tratar de una cuestión de dejadez o incompetencia, como ha ocurrido durante los últimos doce años con el Gobierno socialista, que se han desentendido completamente de esta situación”, ha sostenido.
El concejal de Medio Ambiente ha informado que el coste de las actuaciones correctivas iniciales está en torno a 26.000 euros, “pero lo que hay que arreglar me temo que va a ser muy gordo, ya que con la única excepción de la Biblioteca Municipal, el resto de edificios cuentan con deficiencias significativas, de modo que iremos actuando conforme a una planificación y una programación en función de lo que vaya marcando el documento, y también de la concurrencia y gravedad de esos problemas”.
“Este documento es importante porque nos da datos para poder gestionar. Esa información se volcará en un programa informático que analizará los costes, y además se avanzará en paralelo con un sistema de información geográfica que ya está funcionando, de modo que no se trata de reparar las consecuencias, sino que hay que ir a las causas”, concluyó.
