La expansión desordenada de grandes instalaciones fotovoltaicas está generando impactos negativos en todo el territorio andaluz. Se trata de proyectos que, aunque responden a objetivos necesarios como la transición energética y la lucha contra el cambio climático, están ocupando superficies de alto valor agrario, afectando al paisaje, la biodiversidad y el desarrollo sostenible del medio rural.
IU recuerda que los ayuntamientos tienen herramientas legales, como los Planes Especiales previstos en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), para ordenar esta situación. Por ello, la moción propone que el Ayuntamiento inicie los trabajos para delimitar las zonas más adecuadas y fijar criterios claros de implantación que protejan el interés general y el territorio.
Como medida de responsabilidad, Izquierda Unida plantea además que no se concedan nuevas licencias urbanísticas para macro plantas fotovoltaicas mientras se redacta y tramita dicho plan, evitando así situaciones irreversibles antes de disponer de un marco de ordenación adecuado.
IU ha recordado además que hace justo cuatro años ya consiguió que el Pleno del Ayuntamiento aprobara un acuerdo para la revisión del PGOU que incluyera esta misma moratoria sobre plantas solares. Sin embargo, la falta de avances en la tramitación del nuevo planeamiento urbanístico ha impedido que dicho acuerdo se haya materializado, por lo que ahora se propone utilizar una vía más ágil y específica como es la del Plan Especial.
La iniciativa también insta a la Mancomunidad y a la Diputación a que colaboren en la elaboración de un mapa comarcal de zonas sensibles y de exclusión, y solicita a la Junta de Andalucía que impulse políticas de protección del territorio rural frente a una expansión que, sin planificación, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de especulación energética.
Desde IU Puente Genil se insiste en que la transición ecológica no puede hacerse a costa del campo ni del medio ambiente, y debe basarse en una planificación racional, participada y justa que ponga el interés colectivo por delante del beneficio privado de grandes fondos de inversión.
