La concejala Pepa Ramos denuncia que la Junta tarda entre un año y dos en resolver expedientes y por tanto, otorgar los recursos con los que atender a los dependientes.
El aumento de la esperanza de vida está llevando a tener una población mayor, cada vez más numerosa, y como signo del paso de los años estos presentan problemas de dependencia de distinta índole.
La concejala de los Servicios Sociales y Dependencia del Ayuntamiento de Puente Genil, Pepa Ramos ha dado a conocer esta mañana los datos de atención y gasto generados por un lado, por la atención que se está prestando desde la Ayuda a Domicilio con recursos municipales y de otro, los recursos y cobertura que está prestando la Junta de Andalucía. Al tratarse de una prestación cuya competencia es de la Consejería, el Ayuntamiento de Puente Genil lo que está haciendo es atender provisionalmente con recursos municipales a los mayores hasta que la Junta resuelve sus expedientes y les otorga el recurso concreto.
De las arcas municipales se destinan 455.000 euros para atender en el presente año a 110 dependientes, además 88 están en lista de espera.
Por su parte la Junta de Andalucía atiende a 774 dependientes a los que destina anualmente 2,2 millones de euros. De estos están atendidos en Estancia Diurna (78), en un geriátrico (111) y recibiendo un cuidador con una prestación económica (204).
Con estos datos ,Ramos, ha dicho que “es importante canalizar la importancia que tiene la Ley de Dependencia, que no debe tener color político”. Y ha apostillado que desde el Ayuntamiento pontanés “vamos a seguir en esta línea, lo que pedimos es más agilidad a la Junta de Andalucía”. Ya que los expedientes de tramitación inicial vienen a tardar un año en resolverse en manos de la Consejería y los que requieren de una revisión, es decir, usuarios que han empeorado y necesitan más recursos, la tramitación se prorroga hasta dos años.
La concejala lamenta, con tristeza, que el usuario no reciba con la celeridad que precisa la valoración del grado de dependencia y los recursos. De hecho, ha explicado que existe confusión y falta de compresión por parte del usuario, quien recibe la valoración en una carta por parte de la Junta de Andalucía y sin embargo, al no haberse determinado el recurso, no se puede otorgar la ayuda.
