El pasado 17 de octubre, Mareas Blancas de Andalucรญa presentรณ escrito ante las
distintas Fiscalรญas provinciales, denunciando el incumplimiento del decreto de Plazos
en la asistencia mรฉdica a la poblaciรณn andaluza por parte de la Junta de Andalucรญa, y las
graves consecuencias que ello tiene sobre la salud, agravando enfermedades y
demorando diagnรณsticos, cuyas repercusiones pueden llegar a crear problemas
irreversibles y en algunos casos resultados fatales. Entendemos que los primeros y mรกs
obligados a cumplir la Leyes, deben ser los propios gobiernos.
Es evidente que no siendo entendidos en procedimientos judiciales, no podemos hacer
un anรกlisis jurรญdico de las razones por las cuales la Fiscalรญa, de manera unitaria, ha
desestimado el iniciar una investigaciรณn sobre la falta de cumplimiento del Decreto de
plazos, aduciendo carรกcter prospectivo y que no podrรญa derivar en consecuencias
penales.
Pero como ciudadanos, y asรญ nos asiste el derecho constitucional a mostrar nuestra
opiniรณn, que difiere del dictamen de la Fiscalรญa, y que atiende principalmente a
conceptos de justicia social, bien pรบblico y principios morales, como asรญ define Justicia
la RAE Idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece y de
la misma manera LEY Precepto dictado por la autoridad competente, en que se
manda o prohรญbe algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados.
Por lo tanto se hace evidente que el incumplimiento del Decreto de plazos por parte
de la Junta de Andalucรญa, y desde la perpectiva de la poblaciรณn andaluza, es ilegal e
injusto.
Creemos llevar razรณn, ya que lo que pedimos, se corresponde con la definiciรณn del
artรญculo 124 de la Constituciรณn Espaรฑola: โEl Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las
funciones encomendadas a otros รณrganos, tiene por misiรณn promover la acciรณn de la
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interรฉs
pรบblico tutelado por la ley, de oficio o a peticiรณn de los interesados, asรญ como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar ante รฉstos la satisfacciรณn del
interรฉs socialโ.
Tampoco podemos entender la definiciรณn de investigaciรณn prospectiva, cuando los
datos aportados de las demoras, corresponden a los dados por la Junta de Andalucรญa
en su pรกgina oficial, cuando existen ejemplos recientes y actuales de considerar datos
no prospectivos las opiniones en periรณdicos y revistas.
Desde nuestra visiรณn en defensa de la protecciรณn de salud de la poblaciรณn, estรก claro
que defendemos la acciรณn de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de
los y las ciudadanas andaluzas y del interรฉs pรบblico que debiera estar tutelado por la
ley.
La justicia deberรญa proteger los derechos bรกsicos de los ciudadanos, contra el abuso de
cualquier tipo de poder, y de una manera clara, inmediata y sin demora, cuando se
pone en juego la atenciรณn a la salud de la mayoria de la poblaciรณn, (auque รฉsto no
afecte al personal de la Justicia que tiene su propio sistema distinto al mayoritario) y el
efecto que produce es miedo, angustia, dolor y en algunos casos agravamiento con
consecuencias mortales.
La Mareas Blancas Andaluzas, seguimos exigiendo a todos los poderes pรบblicos, una
sanidad pรบbica, universal y de calidad, y denunciaremos y lucharemos contra el
desmantelamiento de los Centros de Salud y Hospitales, contra la privatizaciรณn y el
trapaso millonario de dinero pรบblico para engordar los grandes beneficios de los
fondos buitres, dueรฑos de los hospitales privados y que todo ello sucede, debido a las
polรญticas establecidas por la Junta de Andalucรญa, cuya finalidad es acabar con la Sanidad
de la que hemos disfrutado.
12 de Enero de