La concejala de Hacienda , Seguridad Ciudadana y Tráfico, Tatiana Pozo, ha presentado ante los medios de comunicación la moción que llevarán al próximo pleno del mes de marzo a través de la cual propondrá a la corporación que se eleve al Ministerio de Justicia la instalación de un Registro de la Propiedad en la localidad, y/o segregación del actual ubicado en Aguilar de la Frontera.
La solicitud está fundamentada en el hecho de que se pueda » facilitar el acceso a los ciudadanos al servicio registral y cubrir las necesidades de los habitantes de Puente-Genil, que tienen que desplazarse a Aguilar de la Frontera – a más de 18 kilómetros – para resolver sus asuntos hipotecarios: petición de notas simples, entrega y recogida de las escrituras correspondientes y abono de los correspondientes a Actos Jurídicos Documentados, en dicha Oficina Registral, evitando así los molestos desplazamientos para los ciudadanos».
La edil ha manifestado que «es incomprensible, fuera de lugar y sin sentido que Puente Genil, que supone aproximadamente el 65% del tráfico jurídico existente en el Distrito Hipotecario de Aguilar de la Frontera, y con un peso poblacional del 61,25% respecto al total de la circunscripción (Aguilar de la Frontera, Monturque, Moriles y Puente Genil), no disponga de una oficina del Registro de la Propiedad, siendo la única localidad de la provincia de Córdoba con este tamaño poblacional carente de Registro».
Ha informado que » sólo nos supera en población Lucena, en cuya ciudad existen actualmente dos Registros, no uno sino dos, por lo que resulta patente y evidente la necesidad de que exista una oficina del Registro de la Propiedad en Puente Genil, y no se evidencie una clara discriminación hacia los habitantes de nuestro pueblo en relación al resto de situaciones de la provincia, existiendo como se ha expresado en el listado anterior, localidades con una población muy inferior que si tienen las oficinas registrales. Desde la anterior perspectiva, debe recordarse que siendo la función pública registral uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, el interés general aconseja adecuar las oficinas registrales a los cambios de la sociedad, siendo capaz de dar una respuesta ágil y eficaz a las nuevas necesidades de los ciudadanos que demandan la cercanía del servicio público registral»- concluyó.
