El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), a través de un escrito firmado por su presidente, Manuel Jesús Troyano Téllez, y dirigido a la jefa Provincial de Tráfico de Córdoba, María Piedad Sánchez, ha denunciado públicamente el «grave perjuicio que está ocasionando» la imposibilidad de acceso por parte de diversas Jefaturas de Policía Local a la Plataforma de Intermediación de Datos (PID).
Esta situación de bloqueo afecta a un importante número de municipios de la provincia de Córdoba, entre los que se encuentran Santaella, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Baena, Aguilar de la Frontera, Puente Genil y Fernán Núñez. Este «bloqueo» limita «drásticamente» la capacidad operativa de los agentes locales en el ejercicio de sus competencias en materia de regulación y control del tráfico, teniendo consecuencias directas en la seguridad vial y la gestión municipal, según argumenta la organización sindical.
Según expone el SIP-AN, la falta de acceso al procedimiento sancionador de tráfico y transportes de la PID impide realizar comprobaciones e identificaciones tan esenciales para el trabajo diario como son la vigencia de la ITV y del seguro obligatorio, un dato imprescindible para la correcta instrucción y tramitación de los boletines de denuncia. Esta situación, al dificultarse la identificación de los titulares de los vehículos a efectos de notificación de las resoluciones sancionadoras dentro de los plazos fijados por ley, puede provocar la caducidad involuntaria de los procedimientos sancionadores.
Este bloqueo «entorpece mucho el servicio» de los agentes de Policía Local de estos pueblos cordobeses en tanto que, para consultar la matrícula de cualquier vehículo, sin este servicio tienen que llamar a la Guardia Civil, «esperar a que atiendan, que lo miren y que lo procesen para ver qué se puede hacer». También supone un «obstáculo» en la retirada y depósito de vehículos de la vía pública, contraviniendo las exigencias de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Otros factores a los que afecta, como denuncia el sindicato, es para limitar la persecución de delitos contra la seguridad vial al impedir comprobar al instante la vigencia de los permisos y licencias de conducción, entorpeciendo la persecución de delitos tipificados en el Código Penal.
