El portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil, Antonio Baena Cobos, ha realizado un balance de la situación sanitaria en la localidad durante las últimas semanas, señalando que, aunque se han registrado algunos movimientos puntuales como la llegada de más especialistas y la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas, la situación estructural del sistema público “continúa siendo preocupante” y sin mejoras reales para los usuarios.
Baena explicó que estos refuerzos asistenciales responden, a su juicio, a circunstancias coyunturales vinculadas al actual contexto político y electoral. “Se están haciendo algunas operaciones y están viniendo un poco más de especialistas, pero esto responde a una situación transitoria. No estamos viendo una solución estructural ni estable”, aseguró.
El portavoz denunció que uno de los principales problemas sigue siendo el colapso en atención primaria, donde los pacientes continúan encontrándose con esperas prolongadas o directamente con la imposibilidad de obtener cita.“ La cita de atención primaria sigue exactamente igual: 15 días de espera o, directamente, sin cita. Y eso es lo que termina provocando el atasco en urgencias y el resto de problemas asistenciales que estamos sufriendo”, afirmó.
Según explicó, la falta de respuesta rápida en este primer nivel asistencial repercute directamente en el incremento de la presión sobre los servicios hospitalarios y en la demora de diagnósticos. Uno de los aspectos que más inquietud genera en la plataforma es la reciente publicación de un estudio científico que compara la mortalidad por cáncer en Andalucía entre los cinco años previos a 2019 y el periodo comprendido entre 2019 y 2024.
Baena destacó que los datos reflejan “unas 3.700 muertes más de cáncer de las que estadísticamente deberían haberse producido”, tomando como referencia la media nacional y la evolución histórica andaluza. “Esto no afecta solo al cáncer de mama, sino especialmente al cáncer de colon y otras patologías digestivas. Llevamos tiempo denunciando que una colonoscopia puede tardar nueve meses o incluso un año. Ese retraso influye directamente en la supervivencia de las personas”, señaló.
“La administración de Moreno Bonilla no ha respondido ni al problema del cáncer de mama ni está contestando qué está ocurriendo con el incremento de mortalidad en otros tipos de cáncer”, subrayó.Otro de los asuntos abordados fue el reciente anuncio de una inversión de 200 millones de euros destinada a salud mental en Andalucía, una partida que Baena considera mal orientada.
Calificó la medida de “fuegos artificiales” y denunció que gran parte de esos recursos acabarán beneficiando a la sanidad privada.“La asociación de psiquiatras de Andalucía está muy molesta porque buena parte de ese dinero va a la privada para ingresos puntuales, cuando los profesionales llevan años reclamando seguimiento continuado, personal suficiente y recursos comunitarios”, explicó.
“El que está siendo atendido en salud mental sabe perfectamente que prácticamente no está funcionando. Te ve el psiquiatra cuando puede verte, normalmente te receta o confirma la medicación que ya te ha pautado el médico de atención primaria, pero no hay psicólogos suficientes ni seguimiento real”.Añadió que esta situación provoca una medicalización excesiva sin intervención terapéutica adecuada.“Al final no se soluciona el problema de fondo y lo único que se hace es cronificarlo con medicación”.
Baena insistió en que la situación general de la sanidad andaluza atraviesa un momento crítico, denunciando la ausencia de transparencia por parte del Gobierno autonómico.“Las listas de espera están disparadas y la Junta lleva sin publicar datos desde junio del año pasado. Si entonces hablábamos de un millón de personas esperando, perfectamente podríamos estar ya en el millón y medio o más”.A su juicio, la falta de publicación de cifras responde a un cálculo político.
“Evidentemente esos datos no les vienen bien en campaña electoral”.Finalmente, el portavoz recordó que los ciudadanos disponen de mecanismos legales para reclamar cuando se incumplen los plazos máximos de atención recogidos en la normativa andaluza.
“Todo el que tarde más de 30 días en una prueba diagnóstica, más de 60 días en ver a un especialista o más de 180 días para una operación debe reclamar”.Baena explicó que, en esos casos, el paciente puede exigir una autorización económica para recibir atención fuera del sistema público ordinario.
“La ley permite obtener una carta de pago para acudir al centro donde quiera operarse o tratarse. Es un derecho que hay que ejercer y reclamar”.
Desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil insisten en que seguirán vigilando la evolución del sistema sanitario y reclamando soluciones “reales, estables y públicas” frente a lo que consideran una progresiva degradación asistencial.
