Francisco Javier Reina Jiménez- Cronista Oficial de la Villa de Puente-Genil
Cobro del fielato
La proximidad de una nueva llamada a las urnas para decidir la composición del gobierno de la nación a finales del próximo mes de noviembre invita a volver la vista atrás. Es el pretexto perfecto para reflexionar sobre la forma en que, a nivel local y desde el mismo nacimiento de la villa, se ejercía la administración sobre los pontanos. Aunque las estructuras políticas actuales parezcan inmutables, la historia demuestra que los órganos administrativos que regían la vida de la población y aquellos que se dedicaban a la recaudación de impuestos han sufrido notables transformaciones en el correr del tiempo. Conviene, por tanto, recordar cómo se llamaron y en qué consistieron aquellas instituciones del pasado para comprender que, si bien las fórmulas cambian, lo que permanece inalterable a lo largo de los siglos es esa eterna dualidad entre gobernantes y gobernados. Es por ello que hoy propongo un rápido paseo que va desde el Concejo al Ayuntamiento en lo administrativo y desde las alcabalas al fielato en lo fiscal, pasando por el matute y el contrabando y terminando en el actual modelo recaudatorio local.
Desde su mismo nacimiento y hasta el siglo XIX, la villa de Puente Don Gonzalo ofrecía una estampa que resumía a la perfección las profundas contradicciones del Antiguo Régimen en la campiña andaluza. Mientras la gran masa de jornaleros se hacinaba en oscuras y humildes casas de una sola crujía, expuesta a los rigores del paro estacional del campo, una selecta oligarquía local gestionaba los hilos del poder a la sombra de un gigante ausente: el Marqués de Priego, título que posteriormente quedaría integrado en la poderosa Casa Ducal de Medinaceli. Este entramado señorial, que convertía al municipio en una eficiente máquina de generación de rentas para la alta aristocracia, poseía una sofisticada arquitectura institucional y fiscal que controlaba de manera absoluta la vida social y el destino económico de sus habitantes.
Para entender el día a día de la villa hace unos siglos, resulta imprescindible desentrañar la estructura que regía la vida pública, marcada por la sutil línea que separaba los conceptos de «Concejo» y «Cabildo». Aunque la historiografía posterior los ha confundido a menudo como sinónimos, el concejo representaba a la institución jurídica en su totalidad, englobando el término municipal, los bienes comunales y al conjunto de los vecinos. Era el eco lejano de aquellas asambleas medievales abiertas en las que el pueblo entero se reunía a las puertas de la iglesia para tomar decisiones comunitarias. Con el paso del tiempo y el aumento de la población, este sistema asambleario se tornó ineficaz y el poder real se concentró en el cabildo. El cabildo era, propiamente, el órgano ejecutivo y restringido, la junta de oficiales que se encerraba en las casas consistoriales para deliberar, administrar los fondos públicos y dictar las ordenanzas locales que regulaban la convivencia.
Reunión del cabildo siglo XVII
Al frente de este cabildo no se sentaba un gobernante elegido por sus paisanos, sino una jerarquía férreamente marcada por el control señorial. La máxima autoridad judicial y administrativa dentro del municipio era el Alcalde Mayor, un oficial letrado y experto en leyes que el Marqués de Priego nombraba directamente para presidir las sesiones del cabildo y administrar justicia civil y criminal en su nombre. Junto a él trabajaban los regidores, los antepasados directos de los actuales concejales. Los regidores pertenecían de forma exclusiva a las familias de la oligarquía hidalga y de los labradores ricos de la villa. En su gran mayoría poseían el cargo a perpetuidad porque lo habían comprado a la Corona o al propio señor, transmitiéndolo de padres a hijos como un patrimonio familiar más. Estos hombres se encargaban de vigilar el mercado, fijar el precio máximo del trigo o el aceite mediante tasas para evitar motines de hambre y gestionar el pósito municipal. En sus inspecciones diarias por la plaza los acompañaba el «fiel de fechos», un escribano que actuaba como secretario de lo que hoy conocemos como ayuntamiento, levantando actas de las multas en mitad del bullicio comercial.
Toda esta maquinaria administrativa funcionaba para sostener un sistema fiscal asfixiante que descargaba casi todo su peso sobre los hombros de las clases trabajadoras. La Corona de Castilla se financiaba a través de gravámenes indirectos sobre el consumo, lo que significaba que el jornalero pagaba el mismo porcentaje de impuesto por los alimentos que el terrateniente adinerado. El impuesto rey era «la alcabala», que exigía un diez por ciento de cualquier transacción comercial, entorpeciendo el comercio de tierras, ganado o pan. A diferencia de otros tributos, la alcabala no se abonaba en un edificio de ventanillas único, sino que era dinámica e invisible; los escribanos retenían el porcentaje al firmar la venta de un olivar en sus notarías, mientras que los cobradores ambulantes patrullaban la plaza cobrando en mano a los tratantes o inspeccionaban las vigas de lagar para tasar la producción de aceite. A este se sumaban «los millones», un tributo que encarecía los artículos esenciales de la dieta y la higiene conocidos como las especies mayores, entre los que se encontraban la carne, el vino, el vinagre, el jabón y el propio aceite.
En Puente Don Gonzalo la presión era doble, puesto que el Marqués de Priego había comprado a la Corona el derecho de percibir estas alcabalas. La Casa Señorial subastaba periódicamente este derecho al mejor postor, y el inversor privado que ganaba la puja, conocido como el arrendador, se dedicaba a exprimir el mercado local a través de guardas situados estratégicamente en el puente sobre el río Genil para asegurarse de recaudar una suma muy superior a la que le había pagado al palacio ducal. El control material se completaba en los alfolíes de la villa, imponentes almacenes que custodiaban por un lado el estratégico monopolio estatal de la sal y, por otro, las ingentes rentas en especie, como el trigo y la cebada, que los labradores debían entregar al marqués en concepto de arrendamientos, estando situados cerca del palacio de la mayordomía ducal, en los terrenos que hoy ocupan el Casino Ponanés y edificios aledaños.
A esta intensa red de control material y fiscal se sumaba el pósito municipal, un robusto e imponente edificio que funcionaba estratégicamente como un banco público de grano y cuya gestión estaba en manos del cabildo de la villa. En una localidad tan vulnerable a los vaivenes de las cosechas y con una inmensa masa de jornaleros como Puente Don Gonzalo, esta institución de origen medieval resultaba vital para asegurar la paz social pues actuaba como reserva de subsistencia al vender trigo a precio regulado en épocas de carestía y hambrunas, rompiendo así la especulación de los grandes terratenientes. Asimismo, operaba como una entidad de crédito agrícola que prestaba fanegas de semillas a los pequeños labradores durante la siembra invernal, quienes tras la cosecha estival devolvían el grano junto con un pequeño interés en especie conocido como «creces». De este modo, los regidores y el fiel de fechos custodiaban las llaves y los escrupulosos libros de cuentas de un almacén que no solo garantizaba el pan diario y el empleo del año siguiente, sino que se convirtió en uno de los termómetros socioeconómicos más minuciosamente examinados por el ministro Ensenada en su célebre Catastro de 1750.
Retrato del Marqués de la Ensenada
El Marqués de la Ensenada, ministro del rey Fernando VI, impulsó en ese año el monumental registro con la ambición revolucionaria de erradicar las alcabalas y los millones. Su proyecto buscaba implantar la Única Contribución, un impuesto directo que obligaría a cada vecino a tributar en proporción a sus propiedades, sus jornales o el rendimiento de sus molinos de aceite, incluyendo por primera vez a la nobleza y a la Iglesia. Como era de esperar, los estamentos privilegiados movilizaron toda su influencia en la Corte de Madrid para frenar una reforma que amenazaba sus patrimonios exentos, logrando la destitución del ministro en 1754 y condenando el proyecto al olvido. La opulencia de los regidores y la recaudación señorial continuaron intactas, teniendo como epicentro el Palacio de la Mayordomía, la majestuosa residencia del administrador del duque donde se centralizaban los miles de reales de vellón extraídos de los cortijos y los monopolios locales.
El viejo orden comenzó a desmoronarse a principios del siglo XIX bajo el estruendo de la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz promulgaron en 1811 el histórico decreto que abolía los señoríos jurisdiccionales, arrebatando definitivamente a la Casa de Medinaceli el poder político de nombrar a los alcaldes y regidores, y devolviendo la soberanía a los ciudadanos para elegir a su propio ayuntamiento constitucional. Las alcabalas y los millones desaparecieron en favor de contribuciones estatales directas, aunque los legisladores liberales respetaron el señorío territorial. Esto permitió que el duque conservara la propiedad privada de sus inmensos latifundios y olivares, manteniendo a la masa de jornaleros ligada económicamente a la tierra, pero la desaparición de las fronteras feudales abrió la puerta a una profunda racionalización del territorio.
Palacio de la Mayordomía Ducal construido en el siglo XVIII
En 1834, la regente María Cristina, tras la derogada unión de los dos pueblos entre 1821 y 1823, aprobó la fusión institucional y definitiva de Puente Don Gonzalo, situada en la orilla cordobesa, y Miragenil, que hasta entonces pertenecía a la provincia de Sevilla y a la jurisdicción de Estepa. La unificación de estas dos realidades bajo una misma gestión administrativa y dentro de la provincia de Córdoba dio nacimiento a Puente–Genil, una nueva villa que, libre de las trabas señoriales del pasado, estaba a punto de experimentar una metamorfosis sin precedentes.
Con la llegada del nuevo régimen liberal y la desaparición de las alcabalas feudales, el control fiscal no desapareció, sino que mutó en su naturaleza. A mediados del siglo XIX brotó el «fielato», un nuevo sistema que heredó el espíritu recaudador del pasado pero con un propósito netamente local. Ya no se trataba de un tributo señorial para el bolsillo del duque, sino de estaciones sanitarias y de consumo municipales situadas físicamente en los accesos de la villa. En estas casetas o edificios, mediante el uso de una balanza o fiel, los oficiales del ayuntamiento pesaban y gravaban la entrada de mercancías como el vino, el aguardiente o la carne, convirtiéndose en el pulmón financiero del nuevo municipio contemporáneo y permaneciendo activo hasta bien entrado el siglo XX.
Escena de matuteras
Como respuesta inevitable a esta nueva presión aduanera, las inmediaciones del puente y los vados del río Genil se convirtieron en el escenario de una sorda y pícara batalla cotidiana: el matute. Este contrabando a pequeña escala, protagonizado por familias humildes y audaces matuteras, desafiaba diariamente a los guardas municipales introduciendo clandestinamente aceite, harina o aguardiente. Las estrategias de la picaresca local no conocían límites, basándose con frecuencia en un sagaz cálculo económico sobre las tarifas aduaneras del propio ayuntamiento. Los labradores cargaban sus carromatos con leña, paja o estiércol, productos que pagaban un porcentaje tributario mínimo o estaban exentos por ser materias primas, utilizándolos como una cobertura legal para camuflar en dobles fondos las mercancías de consumo que sufrían los gravámenes más severos. De igual forma, las mujeres ocultaban odres de alcohol bajo sus fajas y en los bolsillos secretos de sus anchas faldas, arriesgando su libertad en un constante juego de astucia frente a los inspectores. Esta resistencia popular al pago de consumos, que a menudo derivaba en tensas persecuciones nocturnas por las huertas ribereñas o en altercados a las puertas de la caseta de pago del fielato, reflejaba la desesperación de unas clases bajas que recurrían al fraude como único mecanismo de supervivencia frente a un sistema impositivo que seguía encareciendo el sustento más básico.
A pesar de estas tensiones latentes en las aduanas de la villa, el verdadero despegue de la recién nacida Puente–Genil hacia la modernidad se fraguó en la segunda mitad del siglo XIX gracias a la conjunción de dos factores revolucionarios: el ferrocarril y la electricidad. La inauguración en 1865 de la línea de tren que conectaba Córdoba con Málaga sacó a la villa de su aislamiento geográfico y la conectó directamente con los grandes puertos marítimos y los mercados nacionales. La estación ferroviaria se convirtió en el pulmón de la localidad, permitiendo que la naciente producción agroindustrial tuviera una salida rápida y masiva.
Este nuevo nudo de comunicaciones se transformó también en un apetecible objetivo para el fraude a gran escala a través del ferrocarril. El éxito de estas operaciones requería la connivencia y complicidad de los propios conductores, maquinistas y mozos de estación, quienes recibían una parte de los beneficios a cambio de mirar hacia otro lado o facilitar la maniobra. Gracias a este pacto clandestino, los bultos de contrabando se arrojaban por las ventanillas en puntos oscuros y apartados de la vía justo antes de que el convoy redujera la marcha para entrar en los andenes principales, donde aguardaban los inspectores de consumos. Fuera del recinto ferroviario, otros enlaces de la red recogían los paquetes para introducirlos en el pueblo a través de las traseras de los almacenes, burlando de forma sistemática la vigilancia del fielato.
Escena de contrabando desde el ferrocarril
Los olivares que se habían venido expandiendo desde los tiempos del catastro encontraron en el tren el canal perfecto para exportar miles de arrobas de aceite. De igual forma, las huertas ribereñas del Genil vieron nacer una pujante industria de la carne de membrillo, liderada por marcas pioneras que enviaban sus icónicas latas litografiadas a todos los rincones del país, convirtiendo a la villa en la capital indiscutible de este dulce.
La llegada del tren transformó la fisonomía urbana al atraer capitales, almacenes y mano de obra, pero el espaldarazo definitivo que colocó a Puente–Genil en la vanguardia tecnológica tuvo lugar el 11 de agosto de 1889. Esa noche, la localidad inauguró el alumbrado eléctrico de sus calles principales, convirtiéndose en el primer pueblo de Andalucía en contar con esta tecnología y el segundo de toda España, solo por detrás de Barcelona. Este hito histórico nació de la iniciativa de la burguesía local, que supo aprovechar la fuerza motriz del río Genil mediante una dinamo instalada en la fábrica de harinas San Cristóbal para generar el fluido eléctrico. La electricidad no solo desterró para siempre los viejos candiles de aceite de las humildes viviendas populares, sino que transformó el tejido industrial al automatizar los molinos, las fábricas de membrillo y los talleres metalúrgicos. La villa llegó a contar con varias fábricas de electricidad simultáneas, forjando una tradición lumínica que sentaría las bases de su futura especialización internacional en el diseño de alumbrado artístico. En poco más de un siglo, Puente–Genil pasó de ser un latifundio señorial paralizado por los impuestos medievales y el absolutismo a erigirse en un dinámico e iluminado faro industrial en mitad de la campiña andaluza.
Reunión del Pleno del Ayuntamiento
