El pasado 17 de octubre, Mareas Blancas de Andalucía presentó escrito ante las
distintas Fiscalías provinciales, denunciando el incumplimiento del decreto de Plazos
en la asistencia médica a la población andaluza por parte de la Junta de Andalucía, y las
graves consecuencias que ello tiene sobre la salud, agravando enfermedades y
demorando diagnósticos, cuyas repercusiones pueden llegar a crear problemas
irreversibles y en algunos casos resultados fatales. Entendemos que los primeros y más
obligados a cumplir la Leyes, deben ser los propios gobiernos.
Es evidente que no siendo entendidos en procedimientos judiciales, no podemos hacer
un análisis jurídico de las razones por las cuales la Fiscalía, de manera unitaria, ha
desestimado el iniciar una investigación sobre la falta de cumplimiento del Decreto de
plazos, aduciendo carácter prospectivo y que no podría derivar en consecuencias
penales.
Pero como ciudadanos, y así nos asiste el derecho constitucional a mostrar nuestra
opinión, que difiere del dictamen de la Fiscalía, y que atiende principalmente a
conceptos de justicia social, bien público y principios morales, como así define Justicia
la RAE Idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece y de
la misma manera LEY Precepto dictado por la autoridad competente, en que se
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados.
Por lo tanto se hace evidente que el incumplimiento del Decreto de plazos por parte
de la Junta de Andalucía, y desde la perpectiva de la población andaluza, es ilegal e
injusto.
Creemos llevar razón, ya que lo que pedimos, se corresponde con la definición del
artículo 124 de la Constitución Española: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las
funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la
justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social”.
Tampoco podemos entender la definición de investigación prospectiva, cuando los
datos aportados de las demoras, corresponden a los dados por la Junta de Andalucía
en su página oficial, cuando existen ejemplos recientes y actuales de considerar datos
no prospectivos las opiniones en periódicos y revistas.
Desde nuestra visión en defensa de la protección de salud de la población, está claro
que defendemos la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de
los y las ciudadanas andaluzas y del interés público que debiera estar tutelado por la
ley.
La justicia debería proteger los derechos básicos de los ciudadanos, contra el abuso de
cualquier tipo de poder, y de una manera clara, inmediata y sin demora, cuando se
pone en juego la atención a la salud de la mayoria de la población, (auque ésto no
afecte al personal de la Justicia que tiene su propio sistema distinto al mayoritario) y el
efecto que produce es miedo, angustia, dolor y en algunos casos agravamiento con
consecuencias mortales.
La Mareas Blancas Andaluzas, seguimos exigiendo a todos los poderes públicos, una
sanidad púbica, universal y de calidad, y denunciaremos y lucharemos contra el
desmantelamiento de los Centros de Salud y Hospitales, contra la privatización y el
trapaso millonario de dinero público para engordar los grandes beneficios de los
fondos buitres, dueños de los hospitales privados y que todo ello sucede, debido a las
políticas establecidas por la Junta de Andalucía, cuya finalidad es acabar con la Sanidad
de la que hemos disfrutado.
12 de Enero de
La Plataforma de Puente Genil se une a Mareas Blancas denunciando incumplimiento de plaz
