La concejala de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil, Pepa Ramos, ha manifestado esta mañana “mi preocupación”, porque la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha aprobado la resolución de subvenciones para dos programas habituales,  uno dirigido al trabajo con la población de etnia gitana y otro hacia los emigrantes, pero con un recorte en la asignación. Esto va a suponer que el ayuntamiento de la localidad “a pulmón” tenga que incrementar las partidas que destinaba a estos programas. En el primero de los casos con el Plan de Integración de la Etnia Gitana (PICGA), la consejería ha recortado un 15 % su aportación. Y en el programa para la población migrante, la ha reducido un 4%.

Por otra parte, está en el aire, la subvención al programa Ciudades ante las Drogas “ya que no tenemos la resolución definitiva”. Este hecho va a implicar que el Ayuntamiento libere una partida en el presupuesto 2020, aún a sabiendas de que podría no completarse la parte que la Junta de Andalucía ha venido abonando. Este es “un buen instrumento de trabajo comunitario desde el año 1997”. En concreto, en este programa el año pasado la Junta abonó el 46% y para este ejercicio ha anunciado un 32%.  Por lo que el ayuntamiento tendría que hacer frente a una partida de 28.000 euros.

Ramos, por otra parte, ha desmentido que la Junta de Andalucía haya reforzado las ayudas a los  Servicios Sociales Comunitarios para la contratación de trabajadores en el programa de dependencia.  Sino que ha aclarado que “desde 2013 está congelada en 54.159 euros”, es decir, que no se ha incrementado un euro. Por lo que este programa continuará con el mismo personal “mantenemos la trabajadora social, la administrativa…”. La edil ha aclarado este extremo porque ciudadanos de la localidad están remitiendo curriculums a los servicios sociales, tras el anuncio de la Junta de que había “ aprobado destinar al Ayuntamiento de Puente Genil una cuantía de 54.159 euros para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios mediante la contratación de trabajadores”, y en el que se aseguraba- según la información remitida por la consejería- que “este personal se encargará de proporcionar información y asesoramiento a la ciudadanía en el inicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia”.