A raíz de la información publicada ayer por El País, en la que se daba cuenta de la detención por parte de la Guardia Civil, dentro de la operación «Coronafarma», de un empresario de origen pontanés afincando en Madrid acusado de un presunto delito contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documento público por haber establecido una red de venta de mascarillas no homologadas. Entre los ayuntamientos que compraron este material sanitario se encuentra también el de Puente Genil.
Hoy el ayuntamiento reconoce que adquirió a este empresario una partida de 500 mascarillas KN95 (modelo GB2626-2006), afirmando que después, ante la advertencia que recibió desde la Guardia Civil «procedió a paralizar el trámite para su pago hasta que se aclarara la situación y, por tanto, no han sido abonadas a día de hoy».
Igualmente el comunicado aclara que el Ayuntamiento de Puente Genil solicitó información al técnico de riesgos laborales de la Mancomunidad Campiña Sur para analizar si tal marca y modelo se ajusta o no a normativa, y «que en base a la resolución de 20 de marzo de 2020 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo, publicada en BOE núm. 77 Sec.I Pág. 26479, en dicha información se nos traslada que las mascarillas objeto de análisis se pueden comercializar temporalmente mientras dure la situación de excepcionalidad».
El portavoz de Izquierda Unida en la corporación municipal, Jesús David Sánchez, ha lamentado la tardanza del ayuntamiento en desvincularse de la compra “ casi 24 horas en informar a la ciudadanía al respecto de una noticia de alcance nacional que implica a este ayuntamiento y a la gestión contra el coronavirus”. Sí ha reconocido que ayer se les facilitó información a los grupos políticos pero “es grave que no se dieran a la ciudadanía, y así se hubiera evitado especulaciones”. Al mismo tiempo Sánchez entiende que “las explicaciones que se han dado son parciales”, ya que “el equipo de gobierno no dice a qué precio se formaliza el contrato de compra de las 500 mascarillas y por tanto cuánto dinero se estaba dispuesto a pagar”.
Y “algo contradictorio»- continúa Sáncha- » el Ayuntamiento concluye que las mascarillas son válidas antes de que lo diga un juez , es atrevido concluir unilateralmente que son válidas”.
Al mismo tiempo – interpreta el portavoz de IU que “se cae en una inexactitud, no sabemos con qué intención”, ya que según “recoge el BOE es la excepcionalidad de la venta de mascarillas no homologadas previo análisis de la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma y no de un técnico de Mancomunidad que no es competente», es decir , que » el ayuntamiento no puede desviar, así, responsabilidades poniendo la pelota en el tejado de la Mancomunidad , sino que debe asumir la responsabilidad”.
Sánchez se plantea que si el ayuntamiento» sabía por la Guardia Civil que las mascarillas estaban investigadas desde hace dos semanas deberían haber avisado a los empleados municipales que las mascarillas facilitadas no estaban homologadas”, por lo que “una vez más” concurren en “ una falta de comunicación con los empleados municipales y a la ciudadanía»- concluye.