El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Pública, Juan Marín, ha manifestado que Andalucía permitirá la movilidad entre provincias si en la fase 3 de la desescalada .
Ha indicado que si es verdad que en la fase 3 pasamos a tener determinadas competencias, el Gobierno andaluz planteará, a partir del 8 de junio, que se «pueda abrir la movilidad entre todas las provincias que estén en la misma fase en la comunidad». Ha indicado que «hay que confiar en que los ciudadanos respeten las normas y recordárselo permanentemente, pero no podemos dejar que provincias que estén en la misma fase, no tengan esa movilidad».
En este sentido, ha dicho que si el próximo lunes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cumple sobre la delegación de competencias a las comunidades, la intención del Gobierno andaluz es abrir «a la movilidad todas las provincias andaluzas que se encuentren en la misma fase», y se ha mostrado convencido de que «el 8 de junio, Málaga y Granada pasarán a la fase 3 junto a las otras seis provincias andaluzas, porque cumplen con todos los parámetros».
Ha manifestado que el turismo tiene por delante una situación compleja y «viene de aportar 22.800 millones a nuestro PIB en el año 2019 y con un aumento en el primer trimestre de este ejercicio de un 6,4 por ciento en cuanto al número de turistas nacionales e internacionales respecto al mismo periodo de 2019″, pero «se ha frenado en seco» porque la «movilidad ha paralizado absolutamente el sector», tanto la interna como la internacional.
Durante su intervención, el vicepresidente ha manifestado que el Gobierno andaluz tiene un modelo para hacer frente a la crisis económica y social que ha generado esta pandemia, que es «contrapeso» al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están «implantando» y que puede ser «totalmente legítimo», pero que la Junta no comparte. En este sentido, ha señalado que para el Gobierno andaluz es fundamental reforzar la «colaboración público-privada» en unos momentos como estos, y seguir con una «política de bajada de la presión fiscal, que se ha demostrado que ha aumentado los ingresos en las arcas de la administración autonómica».
Ha defendido además el decreto de simplificación administrativa, fundamental para ponérselo «más fácil a la inversión», respetando en todo momento la legalidad vigente.
En cuanto a las relaciones con el Gobierno central durante esta situación de pandemia, el vicepresidente ha defendido la lealtad que ha mostrado la Junta desde el principio, aunque no estuviera de acuerdo con algunas decisiones que se adoptaban.
Ha manifestado que «ha faltado diálogo por parte del Gobierno central con las comunidades» y ha advertido de que esa asimetría en la desescalada de la que hablaba Pedro Sánchez no puede convertirse en una «asimetría» entre comunidades y ciudadanos.
En este sentido, ha señalado que Andalucía va a reclamar «un trato igualitario respecto a otras comunidades y no va a permitir que se le quite un sólo céntimo de lo que le corresponde», por acuerdos del Gobierno central con «nacionalistas y populistas» que le llevan a tomar decisiones que probablemente no le gustaría tomar, pero para evitar eso, lo que debería hacer es buscar «otras opciones en el diálogo».
En este sentido, ha considerado que el reparto de los fondos no reembolsables de 16.000 millones a las comunidades autónomas «no puede ser un elemento para ganar favores de nacionalistas y populistas».
Por ello, ha vuelto a defender el criterio de la población para el reparto de esto fondos, apuntando que la distribución planteada por el Gobierno de la nación significa «recibir 985 millones frente a los 2.500 que le corresponderían a Andalucía si se siguiera el factor poblacional». Ha señalado que no se puede permitir volver a condenar a Andalucía a la infrafinanciación. «Andalucía pierde en ese reparto muchos millones que hoy son imprescindibles», ha dicho.