La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia ha puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que afirma que no se han realizado las pertinentes evaluaciones de riesgos antes de la incorporación presencial del personal, infringiendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y poniendo en riesgo la salud de la plantilla.
La Justicia es un servicio esencial, si bien se han suspendido los plazos procesales y otras actuaciones consideradas no esenciales. Sin embargo, no son pocas las presiones de distintos colectivos para que la administración incorpore a la totalidad de la plantilla de los juzgados avanzando en las fases laborales aún sin evolucionar en las fases sociales. “Esta presión se ejerce, especialmente, a los funcionarios del servicio común de notificaciones y embargos, que son los encargados de practicar todo tipo de actos acudiendo a los domicilios y, por tanto, son los más expuestos a un posible contagio”, explica el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba.
Precisamente la falta de medidas de protección en algunas salas de vistas ha sido una de las motivaciones de la denuncia presentada por CCOO ante la Inspección de Trabajo. Como ejemplo, en uno de los tribunales inspeccionados por el sindicato se estaba celebrando una vista con cuatro puestos ocupados por los abogados representantes de las partes litigantes pero “solo había pantallas protectoras para tres y, para colmo, eran inadecuadas, porque llegaban hasta el borde de la mesa, así que la persona que ocupaba ese puesto, si quería estarprotegida, prácticamente tenía que tumbarse sobre la mesa”, relata el representante sindical quien asegura que “menos protegido aún está el personal funcionario que está en primera fila yque se acerca tanto al justiciable como a los y las profesionales de la abogacía para hacer los trámites propios de su profesión”.“La realidad es que el Comité de prevención de riesgos laborales, en el que están presentes losrepresentantes legales de las trabajadoras y trabajadores, no ha sido participe de las medidas de seguridad adoptadas, como la medición de espacios y la distribución de los puestos de trabajo para la vuelta masiva de la plantilla”, lamenta Alba quien explica que, por ello, CCOO ha presentado la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo.En dicha denuncia, el sindicato no solo pone en conocimiento de la autoridad laboral que no se han realizado las evaluaciones de riesgo específicas obligatorias para establecer las medidas de seguridad pertinentes, sino que no se garantiza en la totalidad de los órganos judiciales de la provincia que existan los equipos de protección necesarios para poder realizar el trabajo de manera segura, dado que no se cumplen con todas las medidas de seguridad que han de ser previstas antes esta pandemia.
Asimismo, CCOO denuncia que las medidas de protección no se han adoptado por personal cualificado de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y han estado basadas en decisiones que están tomando, sin tener competencia para ello, otros órganos.
Además, se están aumentando los trabajos a realizar, superando los considerados esenciales, y dejando sin efecto de cara a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras la suspensión de plazos y los servicios declarados esenciales por el Real Decreto de Estado de Alarma. Así se está produciendo un aumento considerable de asistencia de público y profesionales ajenos a los órganos judiciales, para realización de servicios no declarados esenciales, sin que para ello se hayan tomado tampoco medidas de protección de la salud del personal ni la del propio público que acude a dichas dependencias. Esto deja sin efecto las mínimas medidas de seguridad adoptadas en cuanto a distanciamiento y aforo de los órganos judiciales.
