El portavoz municipal del equipo de gobierno, José Antonio Gómez, ha informado de la acción que va a llevar a cabo el ejecutivo en relación a la situación del servicio de la piscina cubierta. Teniendo en cuenta que «han sido varios los incumplimientos por parte del concesionario en los últimos tiempos en cuanto al retraso en el abono de las nóminas de los trabajadores y también han sido muy notables las dificultades para el mantenimiento de la propia instalación y de la piscina. La última, esta misma semana, cuando hemos conocido que ha habido que parar el uso del cierre de la zona de agua de la instalación cubierta por no cumplir los parámetros establecidos en la normativa de la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones».
A la vista de que «no hay mejora, a pesar del tiempo que también la instalación ha estado clausurada, desde el mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma y prolongándose durante el verano porque así lo ha considerado oportuno este gobierno, es decir, ha habido muchos meses que el concesionario podría haber previsto e invertido para evitar problemas como los que ha ocurrido en estos últimos días y siendo así, hemos solicitado desde el equipo de gobierno a la parte jurídica de nuestro ayuntamiento, que nos informe de la manera más urgente posible sobre todos estos incumplimientos, teniendo en cuenta también ese informe externo que se solicitó a finales del año pasado y que tenemos desde verano».
Desde el equipo de gobierno, «esperamos que, con este informe jurídico, nos permita rescindir el contrato que tenemos actualmente, para evitar alargar esta situación más en el tiempo. No es razonable continuar con este contrato, si después de tanto meses de parón, reiniciamos la actividad y volvemos a tener problemas de mantenimiento, se está constatando el problema en el abono de nóminas, y además, en una situación que es especialmente compleja como es la provocada por el covid-19 que está suponiendo una merma de ingresos, de usuarios en la piscina cubierta y de usuarios en todas las instalaciones deportivas municipales»
Si se lleva a cabo esa «rescisión del contrato puede suponer que el ayuntamiento continúe con el servicio o no, y se cierre la instalación hasta que el ayuntamiento invierta en la instalación para ponerla a punto, para ver las cuentas y números que hace falta para mantener una instalación de esa envergadura o para preparar un nuevo pliego de licitación con el que aspirar a otro nuevo concesionario».
Desde el equipo de gobierno, «entendemos que el modelo no es el problema, porque es un modelo que está más que contrastado y funcionando en muchos municipios de toda España, es decir, la concesión del servicio en piscinas cubiertas existe y están funcionando bien e incluso hay sitios donde los concesionarios tienen que pagar un canon por esa instalación. Por lo tanto, el problema no viene por el modelo sino por los problemas que tiene el concesionario en sí».
Lo que sí es verdad es que la situación «es muy compleja, teniendo que hacer desde el ayuntamiento, económicamente, encaje de bolillo, para llevar absolutamente todo y debido a la pandemia nos está suponiendo un sobre coste en partidas que no teníamos contempladas como es la compra de EPIS para todos los empleados municipales, limpieza y desinfección de instalaciones diaria, mayor plantilla de limpiadoras…etc.».
Habrá que ver el presupuesto del año que viene y los datos que tengamos, si merman o no los ingresos por parte de la Junta de Andalucía y el gobierno de España hacia el ayuntamiento y, con todo esto, veremos que puede hacer en ese sentido el ayuntamiento de Puente Genil.
Actualmente, «los trabajadores pertenecen a la empresa y no tienen ninguna vinculación con el ayuntamiento, por lo que, si se rescinde el contrato, dada que la empresa no gestiona ninguna otra instalación deportiva de este calado, lo más probable es que pasen a estar en desempleo»
Si los problemas se siguen dando, «habría que tomar medidas y se podría cerrar la piscina».
