El salón de plenos del Ayuntamiento de Puente Genil y con el fondo de una pantalla histórica «Permuta del nuevo cuartel de la Guardia Civil», se ha dado a conocer oficialmente el paso administrativo definitivo que dará lugar a la adquisición por parte del Ministerio de Interior del nuevo acuartelamiento y viviendas para los agentes. Y el consistorio hará entrega del vetusto al empresario que lo adquirió para viviendas y uso comercial.
En el acto han estado presentes el alcalde, Esteban Morales; la subdelegada del Gobierno Central, Rafaela Valenzuela y el teniente coronel de la Comandancia de Córdoba, Juan Carretero. También han estado presentes el Teniente del Puesto Principal de Puente Genil, del destacamento de Lucena y el Inspector Jefe de la Policía Local.
A partir de ahora- dijo Morales- «los agentes podrán tener una vivienda digna», habiéndose cumplido «hoy aquella primera propuesta de la que no se hicieron bien los primeros trámites «.Así se ha producido «la resolución de este tema que comenzó en 2004». De esta manera «los agentes van a tener un edificio a su satisfacción». El regidor local, también aprovechó el acto para «agradecer a los técnicos y servicios jurídicos del Ayuntamiento» el trabajo desempeñado.
Valenzuela, explicó el retraso en todo el procedimiento basándose en el hecho de que «la Administración es muy garantista y por eso cuando las cosas se complican se tardan en resolver». Si bien, precisó que » es necesario que este puesto Principal el que está dotado de más efectivos de la provincia de Córdoba», dispusiera de estas instalaciones. En definitiva, «se trata de un salto cualitativo porque el viejo cuartel no disponía de las condiciones pero sí está en un lugar buenísimo». Resaltó la importancia y «el empuje y colaboración administrativa» en todo el proceso entre la administración local y el Ministerio del Interior. Al tiempo que ha reconocido que la demora en la permuta se ha debido «al cambio de normativa, por lo que el Alcalde ha tenido que lidiar con eso». En definitiva- dijo- «me siento muy orgullosa de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Puente Genil».
En nombre del Cuerpo , Carretero dijo que «la noticia nos emociona tras la larga espera» pero reconoció que «hemos sido exigentes con la normativa». Puso el énfasis, al igual que la subdelegada en el hecho de que Puente Genil dispone de la Unidad de Seguridad Ciudadana mejor dotada de la provincia».
HISTORICO DE UN PROCESO CON 17 AÑOS DE VIDA
En 2004 se inició el protocolo de actuación por el que el Ayuntamiento se comprometió a construir y promover un nuevo edificio para permutarse por el actual acuartelamiento, que se destinará a viviendas de protección oficial, zona comercial y garaje.
Así concluye un largo periodo de trabajo y muchas vicisitudes, tanto políticas como sociales, que han preocupado a la ciudadanía y el resultado será que los agentes de la Guardia Civil ocuparán el nuevo acuartelamiento.
Las valoraciones económicas de ambos inmuebles, el nuevo edificio ascendía a 2.989.000 euros y el actual a 2.987.000 euros, y que la Gerencia de Infraestructuras y Seguridad del Estado había pedido al Ayuntamiento que renunciara a la diferencia (unos 2.300 euros) como compensación al trabajo que realiza la Guardia Civil en Puente Genil, indicando que para que la GIESE aceptara el nuevo edificio el Ayuntamiento había tenido que cumplir con los requerimiento en materia de accesibilidad y nuevas normativas.
IMPUTADOS Y EXCULPADOS
En esta causa estuvo imputado el anterior alcalde, Manuel Baena, y nueve concejales, si bien la Audiencia exculpó a todos ellos y al promotor. El exregidor firmó un contrato en febrero del 2004 con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para la construcción de una nueva casa cuartel. El Ayuntamiento aportaría el terreno, asumiría la construcción y recalificaría el suelo que ocupaba la actual. En todo conflicto estuvieron imputados el entonces alcalde, Manuel Baena (IU) y portavoces de todos los grupos políticos (Psoe, Pp y PA).
El fiscal sostuvo que antes de la firma del acuerdo, el acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, «en el convencimiento» de que él iba a ser el adjudicatario de la obra, firmó un acuerdo con una cadena de supermercados por la que esta se reservaba el derecho de alquiler de las instalaciones del antiguo cuartel cuando fuera comprado por el procesado tras la desafectación del inmueble por el Ministerio del Interior y su adjudicación al Consistorio. Una vez que el Ayuntamiento supo la elección de la finca Las Flores, el acusado «se apresuró a adquirirla» por 245.000 euros. El fiscal consideró que el acusado esperaba sacar un beneficio de 956.000 euros por la venta del terreno sobrante. El promotor comenzó las obras «sin licencia ni adjudicación legal», pero con motivo de una inspección solicitó la licencia el 5 de abril del 2005, que se le concedió un día después de que suscribiera con el alcalde un protocolo por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando «ya prácticamente terminada, sin que el Ayuntamiento de Puente Genil aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las instalaciones del antiguo cuartel al acusado». Finalmente el asunto quedó dirimido en los tribunales y exculpados todos los imputados tanto políticos como el promotor de la obra. Fue el Ayuntamiento quien se hizo cargo de la finalización y posteriores adecuaciones de la obra.
La inversión realizada por el Consistorio en el nuevo edificio ha rondado los 300.000 euros, al tener que acometer las obras para la conexión del suministro eléctrico, así como las de instalación de ascensores y climatización y la subsanación de los actos vandálicos cometidos en el interior del recinto.
El acuerdo es sencillo, ha costado 17 años.
Hoy con la escritura pública se lleva a cabo el protocolo de permuta para que, de manera definitiva, se concluya con el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos años y así los agentes del Instituto Armado se puedan trasladar al nuevo edificio cuartel de la Guardia Civil».