El pasado 5 de julio la Fiscalía de Córdoba, tramitaba las diligencias que se han abierto a petición de Jesús David Sánchez (actual portavoz de IU) en la corporación municipal (recibidas el 1 de junio) contra el Ayuntamiento de la localidad «sobre unas supuestas irregularidades en la contratación pública de servicios, por parte de la administración local». La denuncia recoge «cuatro contratos menores para el servicio municipal de Prensa y Comunicación, celebrados entre julio de 2021 y junio de 2022, en los que la Secretaría General del Ayuntamiento, resolvió la nulidad de pleno derecho de los citados contratos, al haberse realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, al apreciarse un fraccionamiento del objeto de contrato».
De otro lado, «un contrato menor para las obras de la piscina cubierta municipal, realizado en 2021, en el que la interventora municipal emitió un informe (9 de diciembre) poniendo de manifiesto lo defectuoso del procedimiento contractual y la carencia de trámites esenciales, formulando reparo y suspensión del expediente».
También comprende «un contrato de servicio por socorrismo en la piscina de verano de 2022, en el que la interventora del Ayuntamiento (noviembre 2002), emitió un informe de disconformidad por irregularidades en la contratación. Al margen de lo expuesto, se realizó contratación de personal para taquilla y monitores de actividades en la piscina, lo que hace sospechar de la existencia de un posible fraccionamiento de la contratación del servicio de piscina».
Según los fundamentos de derecho el ministerio fiscal dispone de un plazo de seis meses, salvo prórroga excepcional para incoar las diligencias y averiguar los delitos que se ponen en conocimiento sin más límite que la existencia de un proceso penal sobre los hechos, que podría ser constitutivos de prevaricación».