El responsable de Migraciones y Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz, cree que es positivo que se tome en consideración un mecanismo de participación política ciudadana como es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que demuestra el interés de la ciudadanía en una cuestión crucial para la sociedad como es la situación de parte de la población migrante que vive en la provincia.
El responsable de Migraciones y Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz, ha señalado que “para CCOO es satisfactorio que el Congreso de los Diputados asuma y tome en consideración un mecanismo de participación política ciudadana como es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demuestra el interés de la ciudadanía en una cuestión crucial en nuestra sociedad como es la situación de parte de la población migrante que trabaja y vive en España
Asimismo, el sindicato valora muy positivamente que miles de ciudadanos y ciudadanas asumen con normalidad y desde una perspectiva constructiva analizar la situación de un ámbito de la población extranjera que vive en España en situación de irregularidad administrativa a fin de facilitar su normalización y documentación. “Entre los posibles beneficiados, las trabajadoras y los trabajadores de sectores económicos claves para nuestra provincia como son los temporeros del campo y las empleadas del hogar”, apunta Faz.
Faz reconoce que estimar el número de personas migrantes indocumentadas en nuestra provincia es “complejo, debido a la falta de censos fiables sobre el número real de extranjeros que residen y trabajan sin documentación en vigor” pero nuestras estimaciones apuntan a que existen unas 350 personas migrantes sin su documentación en regla en la provincia.
Esta medida hace posible que muchas familias accedan a su documentación, y evitando situaciones de pobreza y exclusión social. “En CCOO estamos convencidos de que la condición de migrante irregular constituye una de las realidades más devastadoras de vulnerabilidad social. La irregularidad impide el adecuado acceso a la
justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación”, remarca el responsable sindical quien puntualiza que, además, “condena a miles de menores hijos e hijas de personas migrantes a seguir sufriendo la irregularidad junto a sus padres y madres”.
Por ello, CCOO hace un llamamiento a, en el posterior desarrollo parlamentario, analizar la situación efectiva de la irregularidad administrativa y su alcance, obteniendo datos fiables y rigurosos y determinando cuales son las causas de su origen a fin de evitar su cronicidad y promoviendo mecanismos ágiles y efectivos para paliar la que ya existe. Las situaciones de irregularidad solo generan vulnerabilidad y deben ser erradicada.