El Pleno municipal celebrado en febrero aprobó, en el apartado no resolutivo, una moción presentada de forma conjunta por PSOE e Izquierda Unida, que salió adelante sin el respaldo del resto de grupos de la corporación, Partido Popular y VOX.
La iniciativa insta a la Mesa del Parlamento de Andalucía a iniciar los trámites necesarios para que se admita a debate una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a la “recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario”. La propuesta, impulsada por el movimiento de las Mareas Blancas, cuenta con el aval de más de 57.000 firmas ciudadanas. El texto solicita además que la tramitación se realice con carácter de urgencia y pueda concluir dentro de la actual legislatura.
El equipo de gobierno municipal votó en contra de la moción. Durante el debate, la portavoz Tatiana Pozo defendió la postura del ejecutivo local aludiendo a la “duplicidad de inversión” realizada por la Junta de Andalucía bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en materia sanitaria.
Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, sostuvo que en el debate sobre la sanidad “existe una amnesia selectiva”, en referencia a la gestión desarrollada por los gobiernos socialistas en los últimos años. No obstante, reconoció que “hay muchas cuestiones por mejorar” en el sistema sanitario.
La sesión plenaria se vio interrumpida en varios momentos por protestas en contra procedentes de miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública presentes en el salón de plenos. Estas intervenciones obligaron al alcalde a recordar la normativa que regula la presencia y participación del público en las sesiones municipales.
El texto aprobado recoge la necesidad de “poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la sanidad pública”, mediante la creación de Consejos de Salud en todos los niveles asistenciales, con el objetivo de garantizar una participación real de la ciudadanía en el conocimiento y la toma de decisiones que afectan al sistema sanitario.
Asimismo, la moción aboga por potenciar el desarrollo de recursos propios en todos los niveles asistenciales, a través de presupuestos suficientes que aseguren la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios. También plantea regular la relación con el sector privado, eliminando los convenios singulares y limitando la concertación a un papel excepcional, subsidiario y de carácter temporal.
