El Pleno de la Diputación de Córdoba, aprobó un Plan Provincial de Medidas Urgentes en Materia Económica y Social Córdoba 10 para hacer frente a las necesidades de la crisis del coronavirus, con un montante económico de diez millones de euros.
Para sacar adelante este programa, que los ayuntamientos tienen que desarrollar antes del 31 de diciembre, el Pleno también aprobó una nueva modificación de crédito y va a utilizar el superávit de la liquidación de 2019 para sufragar el coste de este proyecto.
A partir de mañana,22 de mayo, los ayuntamientos de la provincia contarán con tres meses de plazo para presentar un proyecto donde recojan a qué van a dedicar el dinero. Además, tendrán el 50% de la subvención ya embolsado.
El 50% restante de la cuantía aprobada, se abonará por la Diputación, una vez finalicen, el plazo de presentación de la documentación de las actuaciones; la validación de las mismas por el órgano gestor de acuerdo a lo estipulado en el Plan provincial; y la determinación de los importes por transferencias corrientes y de capital resultantes de las actuaciones presentadas por las entidades locales.
En concreto, los municipios podrán utilizar las cuantías que reciban para sufragar «gastos de fortalecimiento de los servicios municipales, del personal de los propios municipios y gastos de inversión», indicó Antonio Ruiz, presidente de la Diputación.
Servicios públicos relacionados con la seguridad y movilidad ciudadana, de limpieza y desinfección viaria y de otros entornos urbanos necesarios para garantizar las debidas condiciones de salud pública o de asistencia social primaria, como la compra de bienes, alimentos y otros productos de primera necesidad para su entrega a población o colectivos vulnerables son otras de las actuaciones que se podrán financiar con cargo a este plan, además de la adquisición de suministros, maquinaria y cualquier otro tipo de material que permita dar respuesta a la situación de crisis del covid-19, como mascarillas protectoras, guantes, gel desinfectante, mamparas o cualquier otro elemento.
A todas esas actuaciones se suman las que estén destinadas a paliar la situación excepcional ante la emergencia sanitaria por el coronavirus de las empresas locales que hayan tenido que suspender su actividad habitual o la hayan visto reducida considerablemente, en sectores como: agricultura, industria, comercio, servicios de hostelería y restauración, instalaciones turísticas, culturales y de ocio.
El 60% del total de los 10 millones se distribuye de manera fija entre los municipios de la provincia. Mientras, otro 20% del total se repartirá en función de la población relativa de cada entidad local beneficiaria (minorada, en su caso, por la población residente de las entidades locales autónomas que le correspondan) con respecto a la población total del conjunto de municipios adheridos. Además, otro 7,7% se distribuirá en proporción inversa «para primar a los municipios más pequeños», detalló Ruiz.
También se han tenido otros criterios, como el de dispersión de la población por las aldeas -un 10%- y según el número de centros y residencias de mayores de los municipios de la provincia, en este caso, un 2,3%.
El límite de 169.000 euros para los municipios de más de 20.000 habitantes , como es el caso de Puente Genil y que la cuantía no se puede superar en más de 50.000 euros de la cantidad recibida del plan de Concertación.