El colegio concertado católico de la Compañía de María de Puente genil vuelve a sumarse a la reivindicación contra la Ley Celaá. Se han concentrado profesores y padres ante las puertas del centro dando bajo las preceptivas medidas de seguridad. El director del centro, Bernardo López; el presidente de Escuelas Católicas en la provincia, Antonio Guerra; el presiente de la AMPA, David Ortega. También han asistido a la concentración las concejalas del PP, Tatiana Pozo y María Delgado, así como representantes de VOX en Puente Genil.
El director ha informado de los motivos por los que están en contra de esta Ley marco «porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza». En Puente Genil existen dos centros concertados, este y el colegio Alemán. Sólo Cº de María aglutina a 600 familias y casi 700 alumnos en sus niveles de infantil, primaria y secundaria. Por su parte, Antonio Guerra, Presidente de Escuelas Católicas en la provincia de Córdoba ha manifestado que esta ley, el principal problema que tiene es que «coarta la libertad de elección » del tipo de educación que quieren los padres, además de eliminar la asignatura de religión católica, que la emplazaría a «una disciplina extraescolar». Por otra parte ha informado que el próximo domingo, 22 de noviembre, van a continuar manifestándose en Córdoba, bajo el paraguas organizativo de “Más Plurales, Máslibres y Másiguales» que aglutina a Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma una caravana de coches en Córdoba que partirá del polígono de la Torrecilla.
En Puente Genil el próximo miércoles, 25 de noviembre a las 13.30 continuarán con la convocatoria.
En el acto dos madres de alumnos del centro han dado lectura al documento que recoge «patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE , tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido». En el texto se afirma que la Ley » al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos».
Para hacerlo, «se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.
En la misma dirección, la LOMLOE, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos».
Asimismo, esta Ley «posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.
Por otra parte, la LOMLOE, no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la
enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias. Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres».
Finalmente, «arroga a la Administración la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor».
