Este miércoles, 9 de diciembre, los trabajadores de Veiasa estaban llamados al primer día de huelga en la empresa concesionaria de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en Andalucía para reclamar mejoras laborales y, como consecuencia, para los usuarios de las estaciones, que acumulan de media más de dos meses para obtener una cita. Con algunos turnos aún por cerrar, UGT Córdoba cifra en, aproximadamente, un 80% el seguimiento de la huelga en Veiasa a nivel provincial en las 10 estaciones que la empresa pública en la provincia, con unos 175 trabajadores afectados. En Puente Genil con 15 empleados, de los cuales 10 son indefinidos y 5 eventuales, según los datos de la empresa han seguido la huelga aproximadamente el 25%. Garantizan a través de este medio de comunicación que se han reubicado para mañana jueves todas las inspecciones.
En relación a estas movilizaciones, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, pidió disculpas “a los usuarios que hoy no han podido ser atendidos, pero estamos en huelga por ellos, para proteger a todas esas personas que quieren, y deben, pasar la ITV y que no pueden porque la Junta de Andalucía no quiere que sea así”.
Para Palomares, “estamos hablando de un trabajo de 30 años, con una credibilidad y una trayectoria que era observada a nivel nacional e internacional como un modelo, y cuya imagen se está destrozando en poco tiempo”. Así, “se están dando citas entre dos meses y medio y tres meses en las estaciones de Córdoba. ¿Qué hacemos si algunos de estos usuarios tiene un percance y no cumplen las cláusulas del seguro? ¿Qué hacemos con los transportistas que lo necesitan para trabajar?”.
El secretario general de UGT Córdoba añadió que “tenemos otro problema, y es que el enfado de los usuarios lo están sufriendo los trabajadores con, incluso, algún conato de agresión”. Además, “se está poniendo en riesgo a los usuarios y a otras personas que están circulando y que pueden ser víctimas de un accidente por el mal estado de otro vehículo”.
Para UGT, la Junta de Andalucía está “atacando de forma deliberada a las empresas públicas, para cabrear al usuario y convencerlo de que el modelo público actual no funciona y así legitimar otro modelo distinto que sí favorezca a cuatro o cinco amigos”. Sin embargo, en estos momentos, “el salario de un trabajador se paga en tres días, el resto de los ingresos son beneficios para la ciudadanía andaluza, que tanto los necesita en estos momentos”.
Si se cumpliera lo que dicta la norma en cuanto a contratación de inspectores y demás personal, en Córdoba se podrían ver 9.000 coches más al mes y se reducirían las listas de espera, según defiende el sindicato en una nota de prensa.