Igualdad refuerza con 1,2 millones euros los servicios sociales de los ayuntamientos para la gestión de la dependencia en Córdoba.
Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 73.737 euros en la provincia y permitirá reforzar el personal y agilizar la atención a las personas dependientes .
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado la distribución de un crédito de más de 11millones de euros en Andalucía de los que 1.220.970,23 euros corresponden ala provincia de Córdoba, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.
Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070 euros en Andalucía, de los cuales 73.737,23 euros se distribuirán en la provincia de Córdoba. Para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, personas pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA),personas beneficiarias de prestaciones de dependencia y número de Zonas Básicas de Servicios Sociales de cada entidad local. En todos los casos, se ha garantizado, al menos, los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad local. En concreto, con respecto a la distribución de los créditos en la provincia de Córdoba, 384.449,51 euros se destinan al Ayuntamiento de Córdoba, a la Diputación de Córdoba le corresponden 464.957,85 euros, 48.457 euros a Baena, 52.317 euros a Cabra, 60.072,87 euros a Lucena, 55.399 euros a Montilla, 44.047,00 euros a Palma del Río, 57.111 euros a Priego de Córdoba y 54.159 euros a Puente Genil.
Con este refuerzo de personal, será posible la atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así se hace necesariopara el ejercicio 2021 con el objetivo de garantizar el correcto funcionamientodel sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las CorporacionesLocales del ámbito de la Comunidad Autónoma en materia de dependencia.Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipioscon población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales ylos gastos que se financian son relativos al personal encargado de la gestiónde solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de lasituación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta dePrograma Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.Para ello, este personal deberá contar con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social.Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido que “la Junta de Andalucía ha puesto en marcha desde el primer momento toda cuanta medida ha estado a su alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia para garantizar la seguridad y la protección de las personas, y manteniendo el empleo asociadoen todo el sector”.Ruiz ha añadido que “estas medidas han estado dirigidas a sostener el sector teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tanto trabajadores como entidades prestadoras de servicios podían sufrir. Estas medidas se han destinados a financiar a centros de día y centros residenciales, así como a las entidades locales competentes en la prestación del Servicio de ayuda a domicilio de cara a minimizar el impacto económico en el sector y en el empleo”. De esta forma, mediante la prórroga de las medidas económicas a medida quelas pandemia avanzaba se ha garantizado la financiación del servicio de ayuda a domicilio y las plazas en los centros de día y residenciales, sin perjuicio de que la prestación del servicio se haya suspendido.
La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejeríade Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando, a nivel nacional,la propuesta de la constitución de un Pacto de Estado con el objetivo deblindar la dependencia como el derecho subjetivo del que se trata.
