El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil llevará al pleno ordinario del mes de enero un punto para la aprobación del inicio de expediente administrativo para la resolución del contrato de la Piscina Cubierta con Global Sport Group 4 por una “manifiesta incompetencia en su ejecución” según ha señalado el portavoz, José Antonio Gómez, en una rueda de prensa celebrada en el Salón de Plenos esta mañana.
Gómez ha dicho que ya cuentan con el informe de la Secretaría General Accidental solicitado en el mes de octubre “a raíz de la constatación de reiterados retrasos en el pago de nóminas así como la existencia de dificultades para cumplir con el correcto mantenimiento de la instalación” que forman parte de una “prueba objetiva de la existencia de incumplimientos por parte de la concesionaria” ha señalado Gómez. Además, según ha añadido, el Ayuntamiento de Puente Genil procederá también a proponer la incautación de la garantía definitiva cifrada en un importe de 41.791’31 euros, cantidad que se formalizó antes de la firma del contrato.A partir de la aprobación en el próximo pleno, la concesionaria del servicio tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar alegaciones y sin tener en cuenta el plazo de tiempo que va desde que se haga la petición hasta la emisión del dictamen del Consejo Consultivo, el plazo máximo de resolución es de 3 meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.El portavoz del Gobierno Municipal ha recalcado que “desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para no tener que llegar a este final, pero son demasiados problemas que acarreaba la concesionaria y para el equipo de profesionales que conforman su plantilla”.Hasta que se resuelva esta situación, el Ayuntamiento no abordará lo que hacer con la Piscina Cubierta porque “en estos momentos, dada la situación actual que vivimos, no podríamos volver a abrirla de inmediato”. Y es que, según Gómez, “desde su reapertura solo estaba siendo utilizada por un 20% de usuarios”. Las opciones que están sobre la mesa serían la de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la explotación de la instalación o por el contrario, volver a proceder a su externalización con una nueva licitación.
