La concejala de Hacienda, Ana Mª Carrillo, ha defendido en el pleno ordinario del lunes, 31 de octubre, relativa a las ordenanzas fiscales para el año 2023 donde destaca “la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, es decir, todos aquellos impuestos que afectar directamente al ciudadano como son la IBI urbana, Ibi rústica, ICIO, plusvalía, impuesto de vehículos, recogida de basuras…” en definitiva, “no se va a incrementar la presión fiscal al ciudadano”. Contó con los votos favorables del PSOE, PP , e IU, a excepción de la modificación sobre uso de la vía pública por parte de las personas de movilidad reducida, a la que votó en contra IU.
Posteriormente, explicó las cuatro modificaciones que se van a proponer al pleno “muy específicas y concretas que sirven para adaptarnos a la situación y respetar el acuerdo plenario de todos los grupos políticos”.
La primera se trata de la modificación de la tasa por utilización privativa de la pista de tráfico “debido al incremento del número de autoescuelas y alumnos que nos hacen tener que contratar empresa de seguridad para dar cobertura a dicho servicio” proponiéndose el incremento para las clases prácticas del permiso A y B de 48,36 a 56,84 +IVA, para las clases prácticas de los permisos C y D de 58,32 a 68,44 euros al mes, para los exámenes teóricos de escuelas no autorizadas para la realización de las prácticas en pista, el precio se sitúa en 17,98 euros al mes (antes, 15 euros) y para los exámenes prácticos de escuelas no autorizadas para la realización de clases prácticas en pista, pasa de 30 a 35,45 euros al mes.
La siguiente modificación es la ordenanza de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento de dominio público local por entrada de vehículos o reservas en vías públicas explicando que “el motivo de la modificación es incorporar un nuevo hecho dando cumplimiento al acuerdo plenario del año pasado para incorporar la reserva nominativa de aparcamiento para personas con movilidad reducida que se cifra en 15 euros por metro lineal o fracción de calzada al año. Y por otro lado, en esa misma ordenanza, se incluye otra modificación de la tarifa para aquellos casos en los que, para posibilitar la entrada de vehículos en los inmuebles, locales o cocheras particulares, sea preciso limitar o prohibir el estacionamiento para que el coche pueda girar y entrar su vehículo, incrementándose un 30%, fijándose en 29,88 euros.
Jesús David Sánchez, el portavoz de IU, dijo que «nos parece que de 30 euros, que es el coste de un vado normal a 90 euros, debería de reformularse». Y por eso pidió que «se quede sobre la mesa y se estudie, no de debe cobrar esta cantidad». Manifestó que perjudica a personas que habitualmente no disponen de recursos. Y por ello invitó al Gobierno Local a que lo reformule, y sino – apostilló- «esperamos que la Plataforma por las pensiones presente alegaciones, ya que son personas que tienen necesidad de tener este espacio». Sergio Velasco, portavoz del PP, manifestó que «una persona con movilidad reducida, no debe ser una reserva de plaza como un lujo, en las inmediaciones de su domicilio, supone cuadriplicar el coste normal de un vado por cochera». y propones que se aplique la misma tasa de los usuarios de cocheras , es decir unos 29 euros, lo mismo que se les pide a los que van a pintar unos metros frente a su cochera». Es decir, que «no va a suponer un desequilibrio económico en el ayuntamiento, porque no es un lujo». No obstante- votaron a favor. Carrillo , aclaró, que la pintada amarillo «no es exactamente una plaza», sino una línea inferior. Por otro lado- apuntó- que «Puente Genil es el municipio que tiene más barata la tasa por la cochera». Sánchez, negó que se trate de un espacio inferior a una plaza de aparcamiento sino, incluso, superior. Y Velasco, dijo que una plaza mínima para personas con movilidad reducida, según la reglamentación es de 5 metros lineales.
La tercera modificación planteada se refiere al servicio público de bus urbano que plantean una equiparación del precio del billete general (antes, 1,05 euros) al de aldeas (1,15 euros). La tarjeta verde sube de 0,55 a 0,60, mismo precio que la tarjeta verde para los usuarios de las aldeas.
La última de las modificaciones es sobre el precio público de la prestación del servicio en las instalaciones deportivas, ordenanza que lleva varios años sin modificarse y actualmente aparecen una serie de actividades que no se estaban prestando y se están prestando otras que no aparecían, como por ejemplo la pista de Sánchez Cuenca o la pista deportiva de La Galana.
