El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha visitado en la mañana de hoy la residencia de mayores San Andrés, de la Fundación San Juan de Dios, para informar de que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado un incremento del 4,5% en el precio de la plaza en centros residenciales y de día, tanto para personas mayores como con discapacidad. Molina ha recalcado que, “además, se ha fijado una subida del 3% en el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que alcanzará los 16,63 euros, unas mejoras que serán retroactivas desde el 1 de enero de 2025”.
Andalucía cerró el mes de abril con cifras “récord”, es decir, más de 299.000 personas atendidas, más de 449.000 prestaciones activas y “un presupuesto sin precedentes de 2.331 millones de euros”, ha señalado Molina, quien ha apuntado que “nos encontramos en un momento histórico para la dependencia en nuestra comunidad”.
Desde 2019, la Junta ha subido un 26% el precio de la plaza residencial para mayores y un 32% de media en el caso de las personas con discapacidad. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, tras años congelado, acumula ya una subida del 28%, en cuatro revisiones consecutivas, y da empleo a más de 46.000 personas en Andalucía, la mayoría mujeres.
La Junta se encuentra inmersa en un proceso de transformación en la gestión de la Dependencia que responde a un nuevo modelo de atención en el que los trámites se resolverán con una única y con una reorganización eficiente de los recursos. Además, con grandes progresos tecnológicos en la teleasistencia, con más de 166 millones de euros de inversión para convertirla en un sistema predictivo y personalizado.
El delegado del Gobierno, que ha destacado sobre la residencia San Andrés que es “un ejemplo del compromiso del tercer sector con la atención a las personas mayores”, ha querido recordar que “este esfuerzo de la Junta de Andalucía contrasta de forma evidente con la falta de compromiso del Gobierno de España, ya que seguimos con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, que han supuesto 400 millones de euros menos para la dependencia en Andalucía, de los que 44 millones pertenecerían a Córdoba”.
Molina, asimismo, ha apuntado a que “mientras a otras comunidades, como el País Vasco, se les garantiza el 50% de la financiación del sistema, a Andalucía se nos niega ese mismo trato, tratando a nuestros dependientes como ciudadanos de segunda”.
Por ello, el delegado ha querido volver a “exigir al Gobierno de Sánchez y Montero el mismo acuerdo que ya han firmado con el País Vasco, y que asuman su parte de responsabilidad en un sistema que es esencial para la dignidad, el bienestar y la justicia social”.
Por último, Molina ha señalado que “los ciudadanos tienen dos modelos: el de la apuesta real por el sistema de dependencia o el de Sánchez y Montero, que prometieron que en Andalucía aportarían el 50% en dependencia y sólo cumplen con un 17%, mientras al País Vasco sí le dan lo que pide”. El delegado pide que “Montero y Sánchez expliquen a los andaluces por qué financian más el sistema de dependencia en el País Vasco que en Andalucía, porque, aunque ellos nos castiguen, el Gobierno de Juanma Moreno se estamos dejando la piel para reducir listas de espera y aumentar un 65% el presupuesto en Dependencia”.