Salud

Baena alerta de un “desmontaje” de la sanidad pública y cuestiona el cambio de competencias de la Consejería

La plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil, ha vuelto a salir a la calle, esta tarde, concentrándose en el paseo del Romeral, a la vuelta del verano.  En esta ocasión han tenido el respaldo de un grupo de vecinos de la Plataforma por la Sanidad de Aguilar de la Frontera, quienes han denunciado la duplicidad del tiempo de espera de la ambulancia, que comparten con Puente Genil, debido a las obras de la carretera de Montilla.

Antonio Baena Cobos, portavoz de la Plataforma Pública por la Sanidad, ha expresado su preocupación por el cambio de denominación de la Consejería, que ha pasado de ser de Salud y Consumo a Sanidad y Consumo. A su juicio, la modificación no es únicamente una cuestión de nombre, sino que puede tener consecuencias sobre el concepto de salud y sobre el ámbito de actuación de la Administración.

Baena sostiene que la salud debe entenderse de forma amplia, incluyendo tanto el bienestar físico como el psíquico, y pone como ejemplo las condiciones de los centros educativos durante los episodios de altas temperaturas. Según explica, si un colegio o instituto carece de climatización adecuada, se trata también de un problema relacionado con la salud de los menores y debería implicar la actuación coordinada de las consejerías de Salud y Educación.

El portavoz pone asimismo el foco en la alimentación de los comedores escolares. Recuerda las denuncias surgidas en Córdoba sobre el servicio de catering y considera que la Administración sanitaria debería poder intervenir cuando las características de la alimentación puedan afectar al bienestar de los niños. En este sentido, advierte de que limitar la intervención de Salud únicamente a situaciones en las que ya se haya producido un problema sanitario supone, en su opinión, reducir el concepto de prevención.

Otro de los asuntos que Baena sitúa entre las principales preocupaciones de la Plataforma es la transparencia de las listas de espera para pruebas diagnósticas.El portavoz cuestiona que la Administración alegue que no dispone de determinados datos sobre las personas pendientes de pruebas. Baena argumenta que, si existen procesos de derivación o concertación de pruebas con centros privados, necesariamente deben existir datos que permitan determinar qué pacientes necesitan esas actuaciones.“Si no las tuviesen, ¿cómo van a concertar pruebas con lo privado?”, plantea durante su intervención.Baena considera especialmente preocupante la situación de las listas de espera y reclama que la información sea accesible y transparente.

El portavoz también cuestiona determinadas partidas destinadas a servicios religiosos en hospitales. En concreto, critica el gasto que, según afirma, se destina anualmente a los obispados para la atención pastoral en centros hospitalarios.

Baena sostiene que esos recursos podrían destinarse a reforzar las plantillas sanitarias y llega a calcular que permitirían contratar a alrededor de 25 médicos. Además, considera que la Iglesia debería valorar renunciar a esos fondos ante las carencias que, a su juicio, presenta la sanidad pública.

 

La situación de la Atención Primaria es otro de los puntos destacados por el portavoz. Baena denuncia dificultades para obtener citas con los médicos habituales y afirma que, en determinados casos, los pacientes son derivados a otros facultativos.

A su juicio, estas dificultades terminan repercutiendo también sobre los servicios de urgencias, que reciben una mayor presión cuando los ciudadanos no encuentran una respuesta adecuada en Atención Primaria.

Finalmente, el portavoz de la Plataforma Pública por la Sanidad lamenta lo que considera una falta de movilización suficiente en defensa de los servicios públicos. Entre sus reivindicaciones incluye la mejora de las condiciones de los centros educativos frente a las altas temperaturas, el refuerzo de la sanidad pública y una mayor protección de los pacientes.Baena reclama que el coste de las carencias del sistema sanitario no recaiga sobre los ciudadanos mediante un aumento del gasto privado o la contratación de seguros.

“Para defender la sanidad pública hay que defender al pueblo”, resume el portavoz, que reclama una actuación más decidida para garantizar una atención sanitaria pública suficiente.

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