Un total de 205 mujeres usan a día de hoy en la provincia de Córdoba el Servicio telefónico de Atención y Protección (ATENPRO) para víctimas de violencia de género que coordina Cruz Roja, una cifra que supone un descenso del 8 por ciento respecto a las 222 que había registradas por estas mismas fechas el pasado año.
Y son 324 las mujeres que, en lo que va de año, han utilizado en algún momento este programa, que tiene como objetivo fundamental ofrecer una respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través de la teleasistencia móvil.
Mediante este servicio – cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)-, las mujeres víctimas de violencia de género reciben un terminal móvil conectado las 24 horas del día, los 365 días del año al centro de atención de Cruz Roja, que aporta su capacidad tecnológica y el apoyo psicosocial de profesionales cualificados.
El perfil predominante entre las usuarias de este dispositivo en Córdoba es el de una mujer nacional de entre 30 y 50 años, con hijos/as y en situación de desempleo. Alrededor de un 20 por ciento de ellas vive en la capital y el resto en la provincia, pero reciben la protección de ATENPRO mujeres de hasta 45 localidades diferentes.
De ahí el convenio de colaboración que la organización tiene suscrito con la Diputación de Córdoba para promover la asistencia y el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión en la provincia.
Se trata de un recurso con el que la entidad proporciona atención directa, inmediata, personalizada e integral a las mujeres que se encuentran en condiciones precarias en el ámbito social, laboral y/o económico, así como en otros aspectos de sus vidas.
Así, las principales actividades que incluye esta iniciativa son asesoramiento jurídico, orientación social y acompañamiento psicológico. A través de esta colaboración entre Diputación y Cruz Roja se presta apoyo a cerca de 250 mujeres en la provincia.
Estamos hablando en muchos casos de “familias monomarentales, con hijos a su cargo, con pocos ingresos, con procesos judiciales por violencia de género pendientes”, explica Luisa Martínez, técnica responsable de este proyecto, quien señala que “los seguimientos telefónicos que les hemos ido haciendo a cada una de ellas nos han permitido detectar las dificultades que estas mujeres se estaban encontrando, sobre todo durante el confinamiento”.