El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Gómez y el Jefe de la Policía Local de Puente Genil, Jesús Miguel García, han ofrecido los datos referentes a la evolución de las infracciones penales en los municipios con más de 30000 habitantes.
Puente Genil, según ha explicado Gómez, “es el cuarto municipio de Andalucía con más de 30000 habitantes con menor índice de criminalidad en el año 2020” mostrando la evolución de los mismos desde el año 2016 recordando que “a principios del 2020 cuando hubo un repunte, la oposición vendió que éramos un pueblo referente en drogas y criminalidad” algo que vino provocado por “una macrorredada en una barriada y no se podía calificar la situación de Puente Genil de esa manera por un dato puntual”. En total son 872 infracciones penales en 2020 algo que sitúan al municipio pontanés en uno de los pocos lugares con menos de 1000 infracciones penales en el pasado año. A pesar de “estar contentos” con estos datos, el edil ha remarcado la idea de “seguir trabajando para erradicar aún más la criminalidad y desde el Ayuntamiento hacemos todo lo que podemos con un gran trabajo por parte de la Policía Local”.
Por su parte, Jesús Miguel García, ha detallado otro tipo de infracciones penales impuestos por la Policía Local en el año 2020. En este caso, García se ha referido a los delitos relacionados con la seguridad vial, algo que es competencia exclusiva de la Policía y se trata de “castigar conductas como conducir bajo los efectos del alcohol, de manera temeraria…”. Por haber cometido este tipo de delitos, la Policía Local de Puente Genil ha puesto a disposición judicial a un total de 41 personas, 18 de ellas por conducir sin tener carnet de conducir, 3 de ellos por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia, 8 por conducir de manera temeraria y 12 alcoholemias positivas por vía penal, según ha señalado. Al respecto, García ha dicho que ha sido un año “donde el número de controles realizado ha sido muy superior al anterior”.
Tanto el concejal como el Jefe de la Policía también han hecho una valoración sobre el asentamiento actual que hay en la zona de la Huerta de la Barca “donde ya ha intervenido la Policía y los técnicos de Servicios Sociales. Se ha puesto en conocimiento del propietario que es quien debe realizar la denuncia pertinente para que un juez decrete si se puede o no desalojar a estas personas” ha explicado Gómez mientras que García ha recordado que “hay una diferencia entre un asentamiento en un lugar público y uno en un lugar privado y en este caso se hace más complejo”.
